Una noticia que pasó desapercibida esta semana, inmersa en un contexto parlamentario que acaparó la atención mediática, merece un análisis detenido.
Se trata de un comunicado desde el ámbito de la economía provincial, centrado en las declaraciones de Eduardo Bacci, ex secretario de Hacienda, quien anunció su llegada con un claro objetivo: el control y seguimiento del gasto del Ejecutivo, con una estrategia de orden y austeridad en la administración de los recursos.
Bacci subrayó la necesidad de reducir el gasto en un 30%, una medida solicitada por el propio Ministro Sánchez. Este ajuste incluye recortes como la disminución de líneas telefónicas, la reducción del consumo en seguros, y una revisión exhaustiva de cada gasto abonado. Una advertencia importante se centró en los crecientes costos de los comedores escolares, destacando cómo estos gastos han evolucionado y aumentan significativamente la carga financiera de la provincia.
Aunque la declaración de Bacci fue breve, su mensaje es claro y contundente: todas las áreas de gobierno deben prepararse para una gestión más austera. En este contexto de ajustes, la ley de retiro voluntario de estatales rionegrinos, recientemente aprobada por mayoría, se presenta como otra pieza del engranaje de reducción de gastos.
La caída en la coparticipación y la recesión persistente agravan la situación, sin señales de recuperación en el consumo. Esta disminución de recursos afecta también a los municipios, como es el caso de San Antonio Oeste, obligándolos a adoptar medidas similares a las provinciales para reducir personal y ajustar sus cuentas.
Esta semana también se emitió un decreto que elimina el concepto de “carga horaria” para los funcionarios del poder ejecutivo municipal, una medida iniciada durante el gobierno de Luis Ojeda y continuada por Casadei. La eliminación de la discrecionalidad en tiempos de crisis financiera es crucial, evitando que solo un grupo se beneficie mientras el resto sufre las consecuencias.
Si bien algunos gastos se extinguen, otros requieren atención urgente. El intendente Casadei manifestó que las necesidades de la comunidad no pueden ser desatendidas, detalló el apoyo que se brinda desde el municipio para quienes no pueden pagar servicios básicos, el alquiler, comprar medicamentos o viajar a centros de salud.
La ayuda social debe distribuirse perentoriamente, en un contexto donde la demanda por asistencia socioeconómica ha crecido, mientras que el financiamiento ha caído más del 30%.
San Antonio Oeste, según un informe provincial, es la localidad que más ha perdido en coparticipación. La recesión se siente con fuerza en sus comunidades, obligándolas a reconsiderar y ajustar sus cuentas.
La sociedad local no es ajena a la realidad nacional y provincial. La recuperación económica aún no llega. Estas son las facetas de la economía, con sus inevitables ciclos de crisis y ajuste.
Mientras algunos ya inician su campaña política con miras a los próximos tres años, otros se concentran en cómo mantener el apoyo y la ayuda a la comunidad que cada vez siente aún más el brutal ajuste a que son sometidos.
