En la última semana quedó planteado con mayor nitidez el alcance de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei impulsó bajo el rótulo de “modernización”. Lo que se presentó como un ajuste técnico para dinamizar el empleo terminó revelándose como una apuesta política de fondo: una redefinición de las reglas del trabajo en la Argentina que impactará de lleno en provincias como Río Negro, donde la matriz productiva combina empleo público, economías regionales, turismo y sectores industriales con alta vulnerabilidad estacional.
La discusión se instaló con baja intensidad institucional, pero con alta carga simbólica. Se intentó colocar en el centro del debate la idea de que los derechos laborales acumulados durante décadas eran “privilegios” responsables de la crisis del empleo. Sin embargo, detrás de esa narrativa se configuró un movimiento clásico: abaratar costos empresariales y flexibilizar condiciones bajo la promesa de atraer inversiones y generar puestos de trabajo.
El diagnóstico que acompañó la iniciativa oficial partió de datos reales, aunque la lectura política fue parcial. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025. Es decir, casi cuatro de cada diez trabajadores quedaron fuera del amparo pleno de la seguridad social. En ese mismo período, la desocupación se ubicó en 7,6%. Esos números describieron un problema estructural, pero no justificaron, por sí solos, que la solución pasara exclusivamente por reducir regulaciones.
En Río Negro, donde el empleo informal atraviesa actividades como la fruticultura, la construcción, el comercio y buena parte del turismo estacional en la costa atlántica y la región andina, cualquier modificación normativa que redujera garantías sin fortalecer mecanismos de control y formalización corre el riesgo de agravar la precariedad existente. La experiencia mostró que el empleo registrado no crece automáticamente cuando se abaratan despidos o se flexibilizan indemnizaciones.
La Argentina ya había transitado un camino similar en los años noventa. Con la Ley Nacional de Empleo y sucesivas reformas, se promovieron modalidades contractuales más flexibles que derivaron en una expansión de vínculos laborales inestables. Aquellas transformaciones fueron presentadas entonces como la llave para reducir la informalidad, pero terminaron generando segmentación y contratos de baja calidad. La historia reciente ofreció una advertencia clara: sin políticas activas de empleo, fiscalización y protección social, la flexibilización trasladó el riesgo económico del empleador al trabajador.
El debate actual repitió, en gran medida, ese esquema argumental. Se sostuvo que menos regulaciones implicarían más empleo, sin explicar por qué esa fórmula no logró formalizar estructuras productivas en décadas anteriores. También se omitió que la formalidad no depende únicamente del costo laboral, sino de incentivos integrales: salarios competitivos, acceso efectivo a salud y jubilación, estabilidad y una política tributaria que financie el sistema de seguridad social.
En el plano económico más amplio, el período 2024-2025 mostró movimientos contradictorios. Mientras se registró una desaceleración inflacionaria y el gobierno destacó una supuesta caída estadística de la pobreza —explicada en buena medida por cambios metodológicos en su medición—, la informalidad avanzó. Ese desfasaje evidenció que la mejora macroeconómica no se tradujo automáticamente en empleos de calidad. Para provincias con menor diversificación productiva, como Río Negro, esa brecha resultó aún más sensible.
Un empleo puede contabilizarse como “nuevo” en las estadísticas y, sin embargo, no garantizar estabilidad ni derechos. La reducción del costo laboral puede generar volumen, pero no necesariamente dignidad ni sostenibilidad. En economías regionales que dependen de ciclos agrícolas o temporadas turísticas, la precarización tiende a consolidarse si no existe una estrategia de reconversión productiva y capacitación.
Otro aspecto crítico fue la debilidad institucional en el diseño del proyecto. La escasa articulación futura con sindicatos, cámaras empresarias, universidades y centros de estudio aumentará la probabilidad de efectos no deseados: judicialización, conflictos sectoriales y mayor fragmentación entre trabajadores protegidos y desprotegidos. En Río Negro, donde el diálogo social ha sido históricamente un instrumento para ordenar conflictos en la fruticultura o el sector estatal, esa omisión generará inquietud.
La evidencia internacional mostró que los países con mejores indicadores de empleo de calidad combinaron flexibilidad con redes robustas de protección social y formación continua. La reforma impulsada a nivel nacional no presentó esquemas integrales que incluyera reconversión productiva, incentivos condicionados a la formalización ni una fiscalidad progresiva capaz de sostener la seguridad social.
Las centrales obreras intentan reorganizarse. Los sindicatos de diversas ramas —estatales, docentes, trabajadores rurales, petroleros— advirtieron que se enfrentaban a uno de los escenarios más complejos de su historia reciente. Coincidieron en que la iniciativa configuró un ataque directo a derechos consolidados y denunciaron intentos empresariales de modificar condiciones laborales anticipándose a la eventual aprobación final de la norma.
En el plano político, la discusión trascendió lo técnico. Se trató de una disputa por el modelo de país. Para amplios sectores sindicales y académicos, lo que se presentó como modernización se asemejó más a una restauración: un regreso a un esquema donde la precariedad fue regla y la asimetría de poder entre empleador y trabajador se profundizó.
Desde la perspectiva rionegrina, el interrogante central quedó planteado con claridad: ¿puede una provincia con alta dependencia de economías regionales, empleo público y turismo estacional sostener un proceso de flexibilización sin reforzar simultáneamente la formalización, la capacitación y el control estatal? La experiencia que surgirá será compleja.
Si el horizonte de la reforma se limita a facilitar despidos, reducir indemnizaciones o abaratar costos sin contrapartidas estructurales, el riesgo será consolidar un mercado laboral más frágil. La informalidad, ya alarmante, se profundizará. Y con ella, la desigualdad.
El debate no se agotará en cifras ni en tecnicismos jurídicos. Se trató de definir qué tipo de trabajo y qué tipo de sociedad se quiere construir. Si el futuro implica menos protección y mayor incertidumbre, entonces la promesa de libertad queda tensionada por una realidad de mayor vulnerabilidad.
Río Negro, como el resto del país, quedó ante una encrucijada. El debate sobre la reforma laboral no fue meramente normativa: fue una discusión sobre el equilibrio entre competitividad y derechos, entre inversión y cohesión social. El tiempo dirá si la senda elegida corrigió distorsiones históricas o si, por el contrario, reeditó errores que la Argentina ya había pagado caro.
