domingo, febrero 1, 2026
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Editorial: reforma laboral, ajuste y conflicto sindical

Como era de esperar, el gremio UNTER radicalizó su lucha contra el gobierno provincial. Las expresiones previas al Congreso elevaron el enojo de los representantes de las seccionales, que debatieron cómo profundizar aún más el plan de lucha, antes que considerar acercamientos con el Ministerio de Educación.

Los docentes saben que no habrá concordancia con lo solicitado. El gobierno no cuenta con los fondos necesarios para sostener ese reclamo y, por ello, no se formalizará —al menos en los próximos meses— un acuerdo paritario.

Tampoco los otros gremios arribarían a un acuerdo inmediato. El tratamiento de la reforma laboral y el apoyo del gobernador a las propuestas del gobierno nacional tensaron las relaciones, incluso con ATE.

En cada lugar al que se acerca Alberto Weretilneck, se encuentra con sindicalistas reclamando condiciones que resultan cada vez más inalcanzables para el Ejecutivo, como ocurrió con el planteo realizado por ASSPUR durante el aniversario de El Bolsón.

Mientras Weretilneck suma anuncios de inversiones y celebra la buena noticia de que el megaproyecto Argentina LNG se asentará plenamente en la provincia, por otro lado se observa la falta de capitalización frente a la caída de la coparticipación.

El impacto tributario de la reforma laboral es el principal obstáculo para que Nación avance en una correlación más fluida con los gobernadores. Por eso, Diego Santilli recorre distintas provincias en busca de apoyos legislativos. La reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas es una medida que, de aprobarse sin modificaciones, tendría un fuerte impacto sobre la recaudación y, en particular, sobre los recursos que reciben los distritos vía coparticipación federal.

Río Negro perdería alrededor de 44 mil millones de pesos. Esto también afectará a los municipios que buscan modificar el reparto de la coparticipación. Se trata de un problema que se acentúa cada vez más en las arcas locales. Por ejemplo, la Municipalidad de San Antonio Oeste percibe actualmente 765 millones de pesos mensuales, mientras que su erogación salarial alcanza los 951 millones. La diferencia se cubre con otras recaudaciones, según un análisis realizado por el Ministerio de Hacienda de la provincia.

Ese diagnóstico se vincula además con la relación entre la cantidad de empleados municipales y la población, de acuerdo con el último censo: el ejido sanantoniense cuenta con un empleado municipal cada 54 habitantes.

Por ello, la caída de la recaudación, marcada por una fuerte contracción de la actividad económica y del consumo, afectará a los erarios públicos en el futuro cercano.

Esto también se refleja en el turismo. Si bien hubo un movimiento interesante —particularmente en Las Grutas— los veraneantes cuidaron el gasto.

Tras la temporada estival en la región comenzará a evidenciarse un aumento de la mora en la cadena de pagos, lo que contraerá aún más la economía doméstica. Lo que antes era tranquilidad para quienes recaudaban durante el verano, hoy se transforma en preocupación.

Incluso los servicios continúan con aumentos constantes. Las tarifas de EDERSA arribarán con incrementos por el transporte de energía dispuesto por Nación, sumados a los ajustes solicitados por la empresa. ARSA aplicará un aumento del 30%, mientras que el gas subirá un 16,9% de manera uniforme en todo el país. Los impuestos a los combustibles seguirán en alza, anunciados ya como una constante anual.

Este escenario también es evaluado por los gremios, que advierten que, si la reforma laboral se aprueba, recibirán un golpe certero en su funcionamiento debido al desfinanciamiento al que quedarían expuestos.

Finalmente, cabe afirmar que no existe ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que contribuya a crear empleo, formalizarlo o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que requiere salarios bajos, empleo precario y el debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas, así como en el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país. (en X: @caa174)

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