Hace pocos días, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) se pronunció sobre la crítica situación que atraviesa el sector pesquero. CAPIP explicó que la paralización de la actividad no obedece a una decisión unilateral, sino a una imposibilidad operativa derivada de la crisis económica. El comunicado advierte que la crisis era previsible y subraya que el impacto no solo afecta a las empresas, sino también a las economías regionales.
Principalmente, la mayor industria pesquera de San Antonio Oeste cerró sus puertas, dejando a cien trabajadores en la calle. Un año antes, había sucedido lo mismo con Perla del Este, que despidió a más de setenta empleados.
La cadena de pagos atraviesa su peor momento en la pesca nacional. Según datos del Banco Central, casi cinco mil millones de pesos en cheques rechazados impactan en toda la cadena productiva del sector pesquero y naval, según señala un informe reciente de la Revista Puerto.
El empresario Franco Massari, cara visible de las empresas marplatenses “SBG Fish S.A.” e “Inclumar S.A.”, quien debe responder por el cierre de Río Salado y Olgrec Fish en San Antonio Oeste y en Caleta Paula, Santa Cruz. Según el registro del Banco Central de la República Argentina, Massari acumula 85 cheques sin fondos por un total de 460 millones de pesos.
Si a ello se le suma el pasivo del frigorífico de San Antonio, la suma que debe afrontarse es considerable. Lamentablemente, las expectativas de los trabajadores cesanteados de recibir una indemnización acorde parecen lejanas, si es que llegan a percibir algo.
Un antecedente inmediato es el caso de Océano Esmeralda (ex Marítima San José), que cerró en 2011 dejando a 62 trabajadores sin empleo. En ese entonces, también le cortaron los servicios por falta de pago y dejó paralizado el barco. Catorce años después, se prevé que las indemnizaciones serán irrisorias frente al contexto económico actual.
Muchos de esos trabajadores se organizaron como cooperativa y hoy integran Unión Marítima. A pesar de las dificultades, continúan operando gracias al rescate de la provincia de Río Negro, propietaria de la planta pesquera.
La escasez de recursos en el Golfo San Matías profundizó la crisis. La emergencia, que lleva dos años, no se prorrogará, y se preveía avanzar en nuevas medidas para la pesca industrial y artesanal. Sin embargo, cuando comenzaban a implementarse, la subsecretaria de Pesca, Jassica Ressler, renunció para asumir un cargo en la Secretaría de Gobierno del municipio.
Se desconoce quién la reemplazará. Ressler había logrado “acomodar” una difícil cartera heredada de Jorge Bridi, quien durante años dictó resoluciones “por encima” de la normativa y es considerado uno de los principales responsables de la expoliación de los recursos del golfo, con la permisividad de actores del sector pesquero y también de la política.
Durante su gestión, Ressler tuvo que aceptar que la representación de Río Negro ante el Consejo Federal Pesquero quedara en manos de una persona que ni siquiera reside en la provincia. Se trata del abogado Sergio Paleo, quien cobra un sueldo como subsecretario pero jamás ha pisado San Antonio o Sierra Grande. Solo se lo conoce en el ámbito nacional por firmar actas, y tampoco brinda declaraciones a la prensa, aunque se sabe que mantiene una muy buena relación con la “mesa chica” del gobernador Alberto Weretilneck.
La pesca nacional, que incluye a Río Negro, atraviesa hoy una misma realidad: baja rentabilidad de las empresas, atribuida al atraso cambiario, la caída de las ventas y la caída en los precios internacionales del langostino y otros productos marítimos. Esta situación genera un deterioro financiero no solo en las empresas y los trabajadores, sino en toda la cadena de valor.
En un hecho inédito para la historia pesquera argentina —tan inédito como la propia gestión del actual gobierno nacional—, da la sensación de que la actividad pesquera no es una prioridad para Javier Milei ni para su equipo. Una industria que genera miles de puestos de trabajo. (en X: @caa174)
