En la última sesión del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, celebrada el día 27 de diciembre, se aprobó por mayoría un proyecto de comunicación impulsado por el oficialismo local. La propuesta insta al Senado Nacional a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70 del 2023, emitido por el presidente Milei y que entró en vigencia en la jornada.
Los bloques políticos de Compromiso Ciudadano y la Unión Cívica Radical (UCR) expresaron su rechazo al proyecto, también el bloque de Primero Río Negro. Por su parte, los ediles de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y Unidad Ciudadana, estos últimos responsables del proyecto, lograron la aprobación mayoritaria.
Fabrio Mirano, representante del bloque de JSRN, destacó la importancia de considerar las implicancias futuras del DNU en cuestión, señalando que «tenemos que tener en cuenta todo lo que significa para el futuro la puesta en vigencia del DNU número 70 del 2023 por parte del poder ejecutivo nacional».
Mirano expresó en SIGNOS FM su preocupación por lo que considera un avasallamiento a la Constitución nacional y a la República, enfatizando que «no vivimos bajo una monarquía y que todo se haga por una firma; tenemos una forma democrática de gobierno con división de poderes».
El legislador añadió que el proyecto de comunicación será enviado a la Cámara de Senadores de la Nación, y expresó la esperanza de que la legislatura provincial también tome medidas similares.
El argumento central del rechazo al DNU radica en la percepción de que afecta gravemente en materia penal y tributaria, al derogar y modificar más de 300 leyes. Mirano considera que esta acción es especialmente preocupante dado el contexto en el cual el Congreso se encuentra disponible para sancionar, y sostiene que «no se puede dejar de lado al Congreso, a la división de Poderes y a la Constitución».
En términos más contundentes, Mirano afirmó que el DNU del presidente Milei constituye prácticamente una «reforma de la Constitución encubierta», y que esta acción del Ejecutivo nacional confunde sus intereses políticos con el interés legal. Según el edil, los constitucionalistas admiten que esto resulta en la acumulación del poder público, y concluyó afirmando que «esto termina siendo la suma del poder público».