El Gobierno provincial de Río Negro dio un paso importante esta semana al reglamentar la Ley 5726, que establece un nuevo esquema para el control de velocidades en las rutas de la provincia.
El Decreto 463/24, publicado en el Boletín Oficial, fija las pautas que implementará la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dejando claro que las competencias en esta materia son exclusivas del ámbito provincial.
En el decreto, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, se enfatiza que las posturas de algunos municipios, que insisten en mantener normativas propias para el control del tránsito, son «inatendibles». Este posicionamiento tiene como respaldo un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que declara inconstitucional una ordenanza del municipio de Chimpay relacionada con el uso de radares en la Ruta 22.
Coordinación entre provincia y municipios
El decreto establece un plazo para que los municipios que deseen seguir utilizando radares regularicen su situación y se ajusten al nuevo esquema provincial. Este sistema busca garantizar una adecuada coordinación interjurisdiccional y unificar los criterios de control de velocidad en el territorio rionegrino.
Un tema sensible abordado en la nueva reglamentación es el de las multas emitidas antes de la sanción de la ley. Según el decreto, aquellas infracciones abonadas previamente no serán anuladas, mientras que las actas que no hayan sido pagadas perderán validez.
Origen y objetivos de la Ley 5726
La Ley 5726, impulsada por el bloque de la Coalición Cívica ARI – Cambiemos y aprobada en julio pasado, surgió de la necesidad de cambiar un sistema de radares que parecía priorizar la recaudación sobre la seguridad vial. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentran:
La anulación de multas emitidas antes de la ley y no abonadas.
La prohibición de radares sin autorización provincial.
La obligatoriedad de cartelería informativa para advertir a los conductores sobre los límites de velocidad y la presencia de radares.
Con estas medidas, el Gobierno de Río Negro busca mejorar la seguridad en sus rutas y evitar abusos en la aplicación de multas, consolidando un marco normativo claro y homogéneo en toda la provincia.
