Con el depósito de los haberes del mes de abril, el gobierno de Arabela Carreras no sólo volvió a aplicar descuentos por los paros realizados por los trabajadores de la educación en el marco del plan de lucha, sino que además emitió una resolución que modificó el calendario escolar para suspender tres jornadas institucionales como modo de recuperación de días de clase.
UnTER repudia ambas definiciones por ilegítimas y arbitrarias, ejecutadas con una clara actitud persecutoria y sancionadora. Rechazamos la suspensión de las jornadas institucionales dado que representan momentos de diálogo y trabajo con las problemáticas propias de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.
Las jornadas suspendidas por la Resolución 3379/23 son las que estaban establecidas para el 10 de mayo, 21 de septiembre y 22 de diciembre, destinadas a trabajar la propuesta “Encontrarnos: estar y habitar con otros/as la escuela”, luego de los múltiples casos de violencia escolar registrados en las instituciones educativas en los últimos tiempos, particularmente después de la pandemia.
Ratificamos, además, el rechazo a los descuentos sobre nuestros salarios, cuando la Justicia todavía tiene pendiente de resolución las vías recursivas impulsadas por UnTER para cuestionar la conciliación obligatoria, en razón de los vicios que afectaron su validez. Asimismo, la Cámara del Trabajo de Viedma aún no se expidió ante la acción de amparo presentada para que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se abstenga de ejecutar nuevos descuentos por los días de paro.
Sin embargo, el gobierno avanza en la violación del derecho constitucional de huelga y resuelve seguir aplicando sanciones con una actitud disciplinadora sobre lxs trabajadorxs que luchan. Las medidas de fuerza realizadas durante marzo y abril respondieron a definiciones resueltas en los Congresos, y se adoptaron debido a las sucesivas audiencias paritarias en las que la patronal no ofreció propuestas de recomposición salarial que se ajustaran realmente a la conservación del poder adquisitivo del salario docente.
Continuamos sosteniendo que los paros realizados son legítimos, y como tales, no constituyen inasistencias injustificadas. Repudiamos que las jornadas institucionales se conviertan en una moneda de cambio para este gobierno; son espacios de formación y capacitación en servicio que el sindicato históricamente ha reivindicado porque en ellas no sólo se tratan cuestiones pedagógicas sino también de organización institucional propia de cada escuela y jardín.
No avalamos su suspensión como tampoco la recuperación de días de clase, sino que proponemos la recuperación de aprendizajes a partir de la readecuación de saberes prioritarios dentro del ciclo lectivo.
La gobernadora debería focalizarse en pensar cómo dar respuesta a los reclamos de lxs trabajadorxs. Sería la mejor definición de su fin de ciclo, redistribuir equitativamente entre quienes sostienen el Estado. Continuaremos exigiendo en cada ámbito que sea necesario que se respete el derecho a la huelga. Herramienta fundamental de la clase trabajadora para luchar contra lo injusto y alcanzar las conquistas laborales que hoy defendemos.
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