El gobierno rionegrino no aplica ningún gravamen distorsivo sobre las tarifas

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El Gobierno de Río Negro no aplica ningún gravamen extraordinario o distorsivo sobre los servicios esenciales como lo son el gas, la energía eléctrica y el agua, que influyan directamente en la conformación de la tarifa.

De esta manera, Río Negro se encuentra imposibilitado de realizar cualquier tipo de reestructuración en ese sentido, ya que no existe ninguna carga impositiva provincial sobre las tarifas por fuera de las convenidas oportunamente con la Nación.

No obstante, el Gobierno de Río Negro contribuirá con $4 millones mensuales para que se mantengan los beneficios de la tarifa social de gas en la provincia, de manera tal de disminuir el impacto del incremento en el valor del servicio.

El único componente extraordinario en los servicios esenciales en Río Negro es el aporte voluntario de los usuarios a los bomberos voluntarios en el caso de la energía eléctrica y el único gravamen provincial es el Impuesto a los Ingresos Brutos, que se aplica dentro de los parámetros establecidos en el Acuerdo Fiscal firmado entre Nación y las Provincias en noviembre último.

En tanto, en lo que hace a energía eléctrica, las cooperativas que brindan el servicio en San Carlos de Bariloche y Río Colorado, CEB y CEARC respectivamente, están exentas del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, razón por la cual no hay ningún tipo de injerencia provincial en la tarifa final. 

Por otra parte, el servicio de agua potable que se distribuye a través de la empresa provincial ARSA se encuentra exento del Impuesto a los Ingresos Brutos, razón por la cual tampoco se refleja en la tarifa ninguna injerencia impositiva provincial.

Cuatro millones para la tarifa social

Por otra parte, el Gobierno de Río Negro aportará $4 millones mensuales para mantener los beneficios de la tarifa social de gas en la provincia, de manera tal de disminuir el impacto del incremento en el valor del servicio.

La decisión fue comunicada hoy por el gobernador Alberto Weretilneck, en el marco del compromiso del Estado provincial de acompañar a los usuarios de menos recursos que se encuentran incluidos en los beneficios de la tarifa social. La medida forma parte del consenso alcanzado ayer entre las Provincias y Nación para amortiguar el impacto del incremento de las tarifas dispuesto por el Gobierno central.

Este beneficio incluye a los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo son los jubilados con haber mínimo, beneficiarios de planes sociales, servicio doméstico, jubilados, entre otros.

La tarifa social, cuya incorporación debe ser solicitada por el propio beneficiario, incluye a jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVyM); o titulares de programas sociales; estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.

También acceden al beneficio quienes estén incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo -+21 de la Ley N° 25.239); quienes perciben el seguro de desempleo y quienes cuentan con certificado de discapacidad.

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