En la jornada de ayer, el Intendente Municipal Adrian Casadei firmó el decreto 754/2024 mediante el cual el Municipio San Antonio se adhiere al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, aprobado por mayoría en la Legislatura Provincial.
“Con esta decisión el Intendente manifestó su compromiso claro por el desarrollo y el fortalecimiento de la economía, las inversiones y la posibilidad de trabajo para esta región, destacando los recursos, condiciones geográficas e infraestructura de nuestra localidad que la destacan como potencial candidata para el asentamiento de grandes inversiones en diferentes áreas” señala el comunicado.
Por esto la municipalidad, una vez que sea probado en el Concejo Deliberante, aceptará los términos previstos en el Título VII denominado “RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI) que contiene los Capítulos I al XII y los artículos 164° al 228° respectivamente, de la Ley Nacional N° 27.742, que establece un marco regulatorio de incentivos impositivos, certidumbre económica, y seguridad jurídica, que habilita el fomento de grandes inversiones que superen los doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000).
Justamente los objetivos del RIGI son: a) incentivar las “Grandes Inversiones” nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país; b) promover el desarrollo económico; c) desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos; d) incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI; e) favorecer la creación de empleo; f) generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse; g) crear para las “Grandes Inversiones” que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI; h) fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales; y i) fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
