San Antonio Oeste volvió a ser escenario de un nuevo hecho de vandalismo que generó fuerte preocupación en la comunidad.
En las últimas horas fue destruida la fuente histórica ubicada frente al edificio municipal, un elemento patrimonial que en otros tiempos formó parte del antiguo mercado municipal, situado en la esquina del Palacio Municipal. El ataque reavivó el debate sobre la reiteración de daños al patrimonio público y la necesidad de aplicar sanciones más severas para frenar este tipo de conductas.
Ante lo ocurrido, el concejal de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Fabrio Mirano, recordó que desde hace años existe una ordenanza municipal destinada específicamente a sancionar los hechos vandálicos. “Creo que los hechos vandálicos vienen de hace mucho tiempo. Allá por el año 2017 se sancionó una ordenanza, un proyecto de ordenanza de mi autoría, que modificaba uno de los apartados del Código Municipal de Faltas e incorporaba tres tipos de sanciones para quienes realizaran hechos vandálicos en nuestra ciudad”, explicó.
Mirano detalló que la normativa contempla especialmente los casos en los que los responsables son menores de edad. En esas situaciones, la acción legal continúa contra los padres, madres, tutores o responsables legales. “Cuando el autor es menor de dieciocho años, la responsabilidad recae sobre el padre, la madre, tutor o encargado. Además, el juez de Faltas del municipio puede dar intervención al Juzgado de Menores cuando lo considere conveniente, especialmente si el hecho es grave”, indicó.
La ordenanza establece sanciones para todo vandalismo cometido contra bienes de dominio municipal, provincial o nacional y prevé tres tipos de castigos. El primero es la probation, que consiste en la realización de trabajos comunitarios en instituciones públicas o privadas, con una carga horaria equivalente a los días y horas del daño ocasionado. “En el caso de un menor, esa probation recaería necesariamente sobre el padre o responsable, según el dictamen del juez de Faltas”, explicó el edil.
La segunda sanción es el pago en efectivo del daño ocasionado. “La infracción se extingue automáticamente con el pago total de los daños”, señaló Mirano. En tanto, si no se cumple con ninguna de las dos opciones anteriores, el monto correspondiente se carga a las tasas municipales del responsable. A esto se suma la imposibilidad de realizar trámites municipales hasta regularizar la situación.
Consultado sobre la posibilidad de identificar a los autores, el concejal sostuvo que existen cámaras en el sector y que, una vez determinadas las responsabilidades, la ordenanza puede y debe aplicarse. “La normativa faculta al juez de Faltas incluso a aplicar todas las sanciones en conjunto. En este escenario, donde los hechos vandálicos se repiten, creo que el juez debería ir por todo: aplicar la probation y también la multa económica. Eso sería lo más justo para la sociedad”, afirmó.
Mirano remarcó además que la fuente será reconstruida, pero advirtió que resulta necesario avanzar también en medidas de protección. “Está muy expuesta. En los últimos tiempos se han vandalizado estatuas, juegos, luminarias, carteles y muchas otras cosas. Hay un problema social con esto”, manifestó. En ese sentido, consideró fundamental que exista una sanción ejemplificadora que se visibilice públicamente. “Parece que con el razonamiento no alcanza. Tiene que haber una sanción fuerte, que duela y que se evidencie a través de los medios”, subrayó.
El edil recordó que estos hechos no son nuevos y relató un antecedente personal para graficar la situación. “En 2016, cuando fui delegado, colocamos por primera vez juegos para niños en la plaza Luis Piedrabuena. Terminamos de instalar las hamacas un domingo y el lunes a la mañana, cuando pasé por la plaza, una de ellas ya estaba rota. Los hechos vandálicos nos vienen siguiendo desde hace mucho tiempo y hay que cortar esto de raíz”, expresó.
Finalmente, Mirano valoró la decisión del legislador Noale de realizar una denuncia penal por lo sucedido con la fuente y llamó a un trabajo conjunto entre todos los estamentos del Estado. “Esto no atenta contra un intendente o un concejal, atenta contra toda la sociedad. Es patrimonio de todos los sanantonienses, de los rionegrinos y portuarios. Ojalá se descubra quiénes fueron los responsables y que reciban sanciones verdaderamente ejemplificadoras”, concluyó.
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