El juicio por el caso Solange Musse comienza este lunes en Córdoba, cinco años después de que la joven muriera sin poder despedirse de su padre ni de su tía durante el aislamiento por la pandemia. La causa se transformó en un símbolo de los efectos del ASPO y de los cuestionamientos al rol de las autoridades.
El tribunal de la Cámara del Crimen N°1 de Río Cuarto, integrado por Daniel Antonio Vaudagna, Nicolás Rins y Diego Ortiz, conducirá el debate con la participación de un jurado popular de ocho ciudadanos. Los imputados son Eduardo Javier Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, asistente social del COE provincial, acusados de abuso de autoridad.
La expectativa de pena es de dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al tratarse de un delito excarcelable, en caso de condena no habrá prisión efectiva. “No es un alivio para mí, pero es un puntapié para que los argentinos hagan sus denuncias”, expresó Pablo Musse, el padre de Solange.
El caso se originó en agosto de 2020, cuando Pablo viajó desde Neuquén hacia Córdoba para despedirse de su hija. En el control sanitario del COE se le negó el ingreso tras un test de Covid con resultado dudoso. Fue escoltado por patrulleros hasta la salida de la provincia, sin posibilidad de descanso ni acceso a sanitarios.
Días después, Solange murió a los 35 años. Antes de fallecer dejó una carta en la que denunció lo ocurrido y reclamó respeto por sus derechos. “Hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”, escribió la joven.
En paralelo, su madre Teresa Oviedo atraviesa un tratamiento oncológico mientras acompaña el proceso judicial. La familia suele recordar a Solange en San Antonio Oeste, donde esparcieron sus cenizas y bautizaron una plaza con su nombre. También existe un memorial en el Parque Industrial de Neuquén y un homenaje en Huinca Renancó, en el ingreso de la ciudad donde se le negó el paso a su padre.
El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que el juicio tiene relevancia nacional. “Es el primer proceso de este tipo en el país, muestra cómo se abusó de la fuerza del Estado durante la pandemia generando enorme daño social”, señaló. El fiscal Julio Rivero llevará adelante la acusación, con más de veinte testigos convocados.
Mientras avanza este debate, otra investigación en manos del juez Claudio Mazuqui busca determinar las responsabilidades políticas del operativo. El caso se convirtió en un emblema por la vulneración de derechos y reabrió la discusión sobre los límites de las medidas sanitarias durante la pandemia.
