La Municipalidad local derogó una ordenanza que pedía previamente un certificado de Deslinde y Amojonamiento (CDA) para declarar edificaciones construidas o proyectos a construir. “Ahora no hay seguridad jurídica y es un peligro para el ciudadano”, se agregó.
El presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Río Negro (CPA), Claudio Isaac, manifestó su “preocupación” de la institución, y de los matriculados de El Bolsón ante la inconsulta decisión de las autoridades de la Municipalidad de la mencionada localidad de derogar la Ordenanza 150/2017 que establecía la necesidad de contar con un Certificado de Deslinde y Amojonamiento (CDA) para declarar edificaciones construidas o proyectos a construir, así como condición previa para transmitir el dominio de una propiedad.
“Sin mediar ningún tipo de consulta hacia la Agrimensura se ha eliminado una de las herramientas más poderosas con que cuentan los ciudadanos para otorgar seguridad jurídica a una operación inmobiliaria pues mediante esa tarea profesional, antes de construir o comprar, pueden saber con certeza cuáles son los límites de esa propiedad y si, en realidad, tiene algún tipo de ocupación hacia o desde el lindero, incluyendo entre éstos, por supuesto, al propio dominio público”, se indicó en un comunicado.
No obstante ello, los matriculados ante el CPA con domicilio en El Bolsón, acompañados por el CE de la institución, adelantaron su decisión de “continuar ejecutando ese tipo de tarea profesional ante cualquier solicitud que provenga de profesionales de otras disciplinas, o directamente de los propietarios, pero -desde ahora y en adelante- sin la intervención de la Municipalidad, que perderá -obviamente- la posibilidad de conocer cualquiera de los importantes datos que surgen de los mismos y que resultan de su interés para efectos recaudatorios y de ordenamiento territorial”.
Por último, el Presidente de la entidad expresó también su “desencanto” con las autoridades de la Municipalidad, dada la excelente relación que, hasta esta “inesperada decisión política”, mantenían ambas instituciones, agregando que “los colegas locales adelantaron ya una posición contraria a continuar colaborando en la ejecución de los trabajos de Agrimensura vinculados con la aplicación de la Ley Pierri en la zona andina, materia en la que el propio CPA y las autoridades provinciales vienen trabajando de manera conjunta durante los últimos dos años”.
Así las cosas, desde el CPA esperan una pública declaración del Intendente Pogliano que, al menos, “aclare esta inexplicable decisión, así como aspiran a poder continuar trabajando juntos como hasta ahora se venía haciendo, por el bien de los ciudadanos, asegurando sus propiedades e inversiones inmobiliarias y el interés de la propia Municipalidad, conociendo, cuidando y acrecentando su patrimonio”.
