La Legislatura de Río Negro sancionó la ley que regula la metodología de redeterminaciones destinada a cubrir los mayores costos externos asociados a las tarifas de los servicios de agua potable y desagües cloacales. El proyecto, tratado en única vuelta, fue aprobado por la mayoría, con 25 votos a favor y la oposición del Frente para la Victoria.
Según la ley, los costos susceptibles de redeterminación serán los previstos en la estructura tarifaria de cada concesionario, aprobada por medio de revisiones tarifarias con audiencia pública, conforme los mecanismos previstos en el marco regulatorio de los servicios y los contratos de concesiones vigentes.
El Departamento Provincial de Aguas dictará cuatrimestralmente una resolución estableciendo los índices correspondientes a cada concesionario que haya solicitado por nota, con una antelación no menor a veinte días corridos, la actualización de los costos asociados a la tarifa.
El miembro informante del oficialismo, Leandro Tozzi (JSRN), explicó que la idea conceptual de este proyecto es generar una herramienta ágil y eficaz que permita mantener una tarifa justa, razonable, que propicie un servicio eficiente y sustentable, en un contexto de protección de los usuarios rionegrinos.
Argumentó que “el proyecto busca paliar situaciones que no estaban previstas originalmente en el marco regulatorio, y pone a disposición una herramienta adecuada para lograr un valor que es justo y razonable, y es equitativo porque únicamente refleja de manera objetiva las variaciones de costos, y esto de alguna forma también vela por los derechos de los usuarios, a la vez que protege la buena marcha de las concesiones”.
Por el bloque del Frente para la Victoria, Luis Albrieu y Nicolás Rochas expresaron críticas al proyecto. Alejandro Marinao, presidente de bloque, sintetizó la posición de su bancada. Aseguró que la ley “busca flexibilizar un marco metodológico para automatizar cuatrimestralmente el aumento de las tarifas de aguas y cloacas en Río Negro, y fundamentalmente el oficialismo lo hace montado en las empresas de la economía social, como cooperativas y juntas vecinales, para también beneficiar a una sociedad anónima, que es ARSA”. Mario Sabbatella también votó en contra.
El presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri, criticó los argumentos del FpV para rechazar la propuesta del Ejecutivo. Aclaró que ARSA no es una empresa privada sino una entidad conformada en un 90 por ciento por el Estado rionegrino y en un 10 por ciento por los trabajadores.
“Tenemos que garantizar un servicio público, no monopólico, como es el agua y las cloacas, y tenemos que tratar de que no se funda ninguna cooperativa”, sostuvo.
Prórroga de suspensión de interrupción de servicios públicos parea usuarios
Además, el Parlamento rionegrino aprobó en primera vuelta el proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2018, el régimen de protección para suspender la interrupción de los servicios públicos de los usuarios desempleados y/o en condiciones socio-económicas con alto riesgo social.
La iniciativa busca dar amparo a los usuarios que no solo no pueden abonar las tarifas en tiempo y forma, sino que tampoco pueden costear los gastos de de reconexión. La propuesta prevé que aquellos usuarios que gocen de los servicios públicos puedan suscribir planes de pagos sin costos extras, y en un todo de acuerdo con las posibilidades reales de pago que posean.
