El juez federal Julián Ercolini dispuso este mediodía la inhibición general de bienes del empresario Cristóbal López, de su socio Fabián de Souza y de las empresas que integran el Grupo Indalo. Dos de esas empresas se encuentran en San Antonio Oeste: Alpat y una sucursal del Banco Finansur. SIn embargo ambos emprendimientos pueden funcionar normalmente. El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por el no pago del impuesto sobre los combustibles líquidos de la firma Oil, perteneciente a López, durante los últimos cuatro años, que alcanzó la suma de 8 mil millones de pesos. En esa causa, Cristóbal López está citado a declaración indagatoria, al igual que el exdirector ejecutivo de AFIP Ricardo Echegaray. Para Ercolini, en la causa «se encuentran incorporados elementos de convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y el consecuente monto millonario emergente de la maniobra». El magistrado consideró, en ese sentido, que habría «conductas que estarían siendo desplegadas a efectos de lograr excluirse del pago de la deuda, como por ejemplo el cambio de domicilio para sustraerse de la acción jurisdiccional o la posibilidad exteriorizada respecto del Banco Finansur», entidad de López. Además, el juez consideró que las medidas tienen la «razonabilidad suficiente para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes y/o ganancias que podrían constituir, en definitiva, el producido o provecho del delito bajo pesquisa». Según explicó Ercolini, la decisión la tomó «teniendo en cuenta el estado procesal en que se encuentra la causa» y hasta tanto se resuelva la situación de los imputados una vez «concluidas la totalidad de declaraciones indagatorias». El 24 de junio pasado, el magistrado federal citó a indagatoria para fines de agosto a López, De Souza, Echegaray y otros 19 imputados, en el marco de una causa iniciada en 2008 y en la que se investiga la presunta asociación ilícita de Néstor y Cristina Kirchner junto a empresarios, «destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos, a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado delictivo». La empresa Oil Combsutibles S.A., de López, fue denunciada por evasión impositiva, entre otros cargos, porque en los últimos cuatro años habría eludido el pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y acumulado una deuda con el Estado Nacional cercana a los 8.000 millones de pesos. A esa causa se le sumó otra por alrededor de 800 millones, en la que se acusa al Grupo Indalo de no pagar los aportes patronales de su personal. En ambos casos las causas corresponden al período en que Echegaray se desempeñó como jefe de la AFIP, motivo por el cual fue imputado por la Justicia y llamado a declarar el 23 de agosto. El juez Ercolini determinó la inhibición de bienes en respuesta a una presentación que había efectuado el exdiputado y abogado Ricardo Gil Lavedra, quien le solicitó «ser tenido por actor civil en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), medidas cautelares y la producción de otras medidas de prueba».