Tren Patagónico avanza en la recuperación de su parque tractivo con la llegada de un motor completamente reparado para una de sus locomotoras principales
En el marco del proceso de fortalecimiento del sistema ferroviario provincial que impulsa el Gobierno de Río Negro, Tren Patagonico recibió en sus talleres de San Antonio Oeste el motor completamente reparado y recalificado que será reinstalado en la locomotora GT22 9073, una de las unidades principales del servicio de pasajeros que conecta Viedma con San Carlos de Bariloche.
El motor fue sometido a un proceso integral de mantenimiento en talleres externos especializados, donde se realizó su desarme completo, recalificación técnica y sustitución de los componentes desgastados, lo que garantiza condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad operativa.
Su llegada representa un paso clave en el plan de recuperación y fortalecimiento del parque tractivo provincial. Ahora se avanzará en las tareas de instalación en la locomotora y en las pruebas técnicas finales en los talleres de San Antonio Oeste, con el objetivo de reincorporar la unidad al servicio regular.
Este avance responde a una decisión estratégica del Gobierno provincial, con el acompañamiento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la gestión sostenida de Tren Patagónico, para fortalecer sus capacidades operativas y consolidar un sistema ferroviario propio, clave para el desarrollo productivo, el turismo y la integración territorial de Río Negro.
En un contexto de revisión estructural del esquema de distribución de recursos, los intendentes de la provincia de Río Negro fueron convocados para el jueves 26 a la Casa de Gobierno, con el objetivo de iniciar el análisis del nuevo régimen de coparticipación provincial. La invitación fue cursada por el gobernador Alberto Weretilneck a través del ministro de Gobierno, Agustín Ríos, a los 39 jefes comunales rionegrinos.
La reunión tendrá carácter informativo y dará paso a mesas de trabajo técnicas donde se comenzará a debatir la actualización de los coeficientes de coparticipación, actualmente establecidos por la Ley 1946. El esquema vigente se basa en los datos del Censo Nacional 2010, pese a que ya se encuentran disponibles los resultados oficiales del relevamiento poblacional 2022.
Un sistema desactualizado frente a una nueva realidad demográfica
La discusión no es menor. La coparticipación provincial constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los municipios y define en gran medida su capacidad operativa, de inversión y de prestación de servicios esenciales.
Según el último relevamiento censal difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), seis municipios rionegrinos registran menos habitantes que en 2010 y otros catorce crecieron por debajo del promedio provincial, que fue del 17,5%. Estos datos reconfiguran el mapa demográfico y, en consecuencia, impactan directamente en la distribución de fondos.
El gobernador Weretilneck sostuvo que “el censo es un instrumento clave para determinar de manera más precisa la distribución de recursos” y ratificó que la modificación de los índices será implementada en abril de este año, en lo que definió como una prioridad de su administración.
San Antonio Oeste: una demanda histórica por mayor equidad
En este escenario, la situación de San Antonio Oeste adquiere particular relevancia. El intendente Adrián Casadei manifestó en su oportunidad que uno de los principales reclamos del municipio es la urgente actualización de la distribución de fondos en función de los nuevos índices poblacionales.
“El último censo nos posiciona entre la quinta región de la provincia, pero actualmente recibimos coparticipación correspondiente a la octava, lo que significa unos diez mil habitantes menos en los cálculos oficiales”, explicó el jefe comunal.
Esa diferencia no es meramente estadística. Implica, en términos presupuestarios, una reducción significativa de recursos que impacta directamente en el funcionamiento municipal y en la capacidad de inversión en infraestructura, servicios públicos, mantenimiento urbano, salud, acción social y desarrollo productivo.
Desde la administración municipal advierten que la ciudad ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, no solo en su planta urbana sino también en su zona portuaria y turística, lo que genera mayores demandas operativas. Sin embargo, la estructura de financiamiento continúa anclada en parámetros demográficos de hace más de una década.
Impacto presupuestario y capacidad de gestión
La coparticipación provincial representa un porcentaje sustancial de los ingresos corrientes de los municipios. Cuando los coeficientes no reflejan la realidad poblacional, se produce un desfasaje estructural que condiciona la planificación estratégica.
En el caso de San Antonio Oeste, recibir fondos correspondientes a una categoría inferior implica menos transferencias automáticas mensuales. Traducido a cifras operativas, esto afecta la capacidad de afrontar salarios, sostener servicios esenciales y ejecutar obras públicas.
Desde el Ejecutivo municipal sostienen que la actualización permitirá corregir inequidades históricas y adecuar el flujo de recursos a la verdadera dimensión demográfica y territorial de la ciudad.
Un debate con objeciones técnicas
No obstante, el proceso no está exento de tensiones. Algunos intendentes han expresado objeciones respecto de los datos poblacionales informados por el INDEC para sus distritos, lo que podría abrir instancias de revisión o planteos administrativos.
En ese marco, las mesas de trabajo convocadas por el Ejecutivo provincial buscarán consensuar criterios técnicos y jurídicos para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema.
Desarrollo equilibrado y distribución equitativa
El Gobierno provincial sostiene que la actualización del régimen apunta a lograr una distribución más equitativa y acorde a las necesidades actuales de cada municipio, promoviendo un desarrollo territorial más equilibrado en todo Río Negro.
Para San Antonio Oeste, la discusión no es solo administrativa sino estratégica. La ciudad, con su perfil portuario, turístico e industrial, requiere un volumen de recursos acorde a su crecimiento y a su rol dentro del esquema productivo provincial.
La revisión de la coparticipación aparece así como una instancia clave para corregir asimetrías y fortalecer la autonomía financiera municipal.
La reunión del jueves 26 marcará el inicio formal de un proceso que podría redefinir el mapa financiero de los municipios rionegrinos. Para San Antonio Oeste, la expectativa está centrada en que el nuevo régimen refleje de manera objetiva su realidad poblacional y permita recuperar recursos que hoy, según sostienen desde el Ejecutivo local, no se condicen con su verdadera dimensión demográfica.
Vecinos y organizaciones proteccionistas de San Antonio Oeste formalizaron una denuncia penal contra funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo municipal por la presunta comisión de los delitos de peculado, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. La presentación judicial fue resuelta en una asamblea realizada el jueves 19 de febrero y apunta a un supuesto desvío de los fondos recaudados mediante la tasa de Zoonosis.
Según consta en la denuncia, el eje de la acusación radica en una “grave defraudación” a los contribuyentes que abonan mensualmente una tasa específica destinada, por ordenanza, a financiar castraciones y acciones de salud pública animal. Sin embargo, los denunciantes sostienen que esos recursos habrían sido redireccionados hacia una presunta “caja negra” para solventar haberes y pagos que ya contaban con partidas presupuestarias propias, convirtiendo así fondos afectados en recursos de libre disponibilidad.
La situación, aseguran, tuvo un impacto directo en la prestación del servicio. De acuerdo con los datos aportados, mientras el Municipio continuó cobrando la tasa correspondiente, el área de Zoonosis habría experimentado un colapso del 80% en sus servicios básicos. En concreto, se señala que de las 3.800 castraciones registradas en 2021, la cifra descendió a 600 intervenciones en el primer semestre de 2025 bajo la actual gestión.
Los denunciantes remarcan que la caída en las prestaciones no puede atribuirse a una falta de recursos económicos. En ese sentido, citan certificaciones del Tribunal de Cuentas que darían cuenta de superávits millonarios, superiores a los 40 millones de pesos solo en el ejercicio 2024, montos que —según la presentación— no habrían sido declarados en los presupuestos posteriores. Afirman que esos fondos, en lugar de reinvertirse conforme lo establece la Ordenanza de Zoonosis, “desaparecieron” de los balances oficiales y fueron destinados a fines ajenos a la normativa vigente.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la supuesta omisión en la presentación de los Estados de Ejecución Presupuestaria correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 ante el Tribunal de Cuentas. Según los denunciantes, pese a los reiterados reclamos del órgano de control, el Ejecutivo no habría cumplido con esa obligación administrativa.
Para quienes impulsan la acción judicial, esta falta de rendición no constituiría una mera desprolijidad, sino una maniobra sistemática de ocultamiento iniciada en 2022 con el objetivo de evitar que se detecte el rastro del dinero y la eventual superposición de partidas presupuestarias.
En el escrito se advierte además sobre las consecuencias sanitarias derivadas de la reducción en las castraciones, señalando que la población de fauna urbana crece sin control en distintos barrios y basurales del ejido municipal, lo que —según sostienen— agrava la problemática de salud pública.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existió el desvío denunciado y establecer las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios involucrados, en un caso que pone bajo la lupa la administración de fondos públicos y el cumplimiento de las ordenanzas vigentes en el ámbito municipal.
El episodio ocurrió la semana pasada por la tarde en la Tercera Bajada de Las Grutas, donde un agente fue apartado preventivamente de sus funciones tras protagonizar una agresión física contra un concesionario del sector.
Según detalló el coordinador Mauro Scalesa, alrededor de las 14 horas el cuerpo de guardavidas debió intervenir en dos situaciones simultáneas. En primer término, se asistió a una persona que presentaba una fractura en la zona de playa. Debido a que el vehículo oficial se encontraba afectado al traslado del personal entrante hacia otro punto operativo, se resolvió efectuar el traslado al hospital local con recursos propios del equipo, priorizando la atención inmediata del lesionado.
Mientras se desarrollaba esa asistencia, se detectó una emergencia en el agua, por lo que el timonel procedió al ingreso de la moto de agua para realizar el rescate. En el marco de esa maniobra, y dentro del canal náutico —sector delimitado para el ingreso y egreso de embarcaciones— se produjo un contacto involuntario entre la camilla adosada a la moto y una menor que se encontraba en el área señalizada. La adolescente no sufrió lesión alguna y no requirió siquiera atención médica, aunque se registró la caída de un teléfono celular al agua.
Posteriormente, se originó una discusión entre el guardavidas interviniente y un concesionario vinculado a actividades náuticas, relacionada con la señalización del canal. De acuerdo con la información oficial, durante ese intercambio el agente propinó un cachetazo al permisionario.
Ante la situación, la Coordinación dispuso en el lugar el apartamiento inmediato y preventivo del guardavidas involucrado, quien cesó en sus funciones ese mismo día. Asimismo, se elevó un informe a la Secretaría de Gobierno municipal para la evaluación administrativa correspondiente y la determinación de eventuales sanciones.
Desde el área se indicó que el concesionario realizó presentaciones ante las autoridades competentes.
Tras consultar este medio a la Municipalidad de San Antonio Oeste, reiteraron su compromiso con la seguridad en playas y con el cumplimiento estricto de los protocolos de actuación, subrayando que no se tolerarán conductas que impliquen hechos de violencia en el ámbito público.
Una madre soltera, trabajadora de la salud, quien con su esfuerzo logró tener un vehículo como herramienta de sustento familiar, se vio envuelta en un drama tras un accidente de tránsito ocurrido en 2020 en el cual su aseguradora de origen internacional contratada especialmente, incumplió compromisos.
Luego del siniestro vial con su Renault Sandero, por fallas en la solución en su favor, debió caminar, pedir favores o costearse servicios de transporte público al no poder sustituir el vehículo por otro medio para llegar a su trabajo en el área sanitaria de San Antonio Oeste. Todo ello dio lugar a trastornos en su vida privada que excedieron la mera y simple frustración afectando el desenvolvimiento de la vida cotidiana.
Cuatro años después, el 11 de junio de 2024, la suerte resultó esquiva en el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad atlántica ya que no satisfizo su demanda, decidió apelar el fallo en primera instancia ante una instancia superior de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma; y le salió favorable.
El 4 de febrero pasado, al aceptarse su planteo en ese tribunal, quedó al descubierto una práctica habitual de algunas de las aseguradoras: el pago de indemnizaciones con valores desactualizados que no alcanzan a reparar el daño sufrido por las víctimas.
Si bien en primera instancia la Justicia reconoció el incumplimiento contractual de la empresa, el fallo establecía una indemnización calculada con valores de años anteriores, completamente alejados de la realidad económica actual. De aceptarse ese criterio, la trabajadora habría recibido una suma insuficiente para reponer el bien asegurado, perdiendo dinero pese a haber obtenido una sentencia favorable.
Ante esta situación poco habitual, la defensa legal –a cargo de Francisco López Baquero- decidió recurrir la sentencia inicial. El planteo fue claro: una indemnización que no permite una reparación real no constituye justicia, sino una ventaja económica para la aseguradora, que se beneficia de la demora del proceso judicial en un contexto inflacionario.
El veredicto
La Cámara de Apelaciones de Viedma declaró la nulidad de los límites de la póliza y la inconstitucionalidad de las normas que permitían aplicar “techos históricos” desactualizados, al señalar que si un contrato promete reposición, esta debe ser posible en la vida real y no solo en términos formales.
El fallo, cuyo voto rector fue del juez Gustavo Bronzetti Núñez, también puso el foco en el costado humano del conflicto. Se reconoció que la trabajadora atravesó un prolongado derrotero de reclamos y un grave menosprecio por sus derechos como consumidora, viéndose obligada a un peregrinaje administrativo que se extendió durante años.
Como consecuencia, la empresa fue condenada a restituir las primas abonadas luego del siniestro, a pagar una indemnización de un millón de pesos por daño moral y a afrontar daño punitivo —una multa civil prevista en la Ley de Defensa del Consumidor— equivalente a cinco canastas básicas totales, con actualización al momento del pago.
En un rápido accionar policial, dos menores de edad fueron identificados como presuntos autores del robo de un vehículo que posteriormente apareció incendiado a la vera de la Ruta Provincial Nº 2, en jurisdicción de Las Grutas, y también por un hecho delictivo cometido en un comercio céntrico de la villa balnearia.
Según la información oficial, el hecho se inició el sábado por la mañana, cuando un hombre domiciliado en Chichinales se presentó en la unidad policial para denunciar que entre las 5:00 y las 6:15 le habían sustraído su automóvil, un Chevrolet Corsa dominio FBX-514, que se encontraba estacionado frente a un inmueble ubicado en calle Lamarque 249 de Las Grutas.
El damnificado tomó conocimiento a través de publicaciones en la red social Facebook de que el rodado había sido hallado abandonado y completamente incendiado a la vera de la Ruta Provincial Nº 2, en dirección a San Antonio Oeste. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Turno con asiento en Viedma.
A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 29° de Las Grutas, en conjunto con efectivos de la División Judicial e Investigaciones, inició tareas investigativas, recabando datos y testimonios que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.
Ese mismo sábado, en horas de la tarde, efectivos de la Comisaría 29°, de la Comisaría 10° de San Antonio Oeste y de la División Judicial e Investigaciones lograron ubicar y demorar en la vía pública, en San Antonio Oeste, a dos menores de edad: uno de 16 años y otro de 17, ambos domiciliados en Las Grutas.
De acuerdo a lo informado, los adolescentes tenían en su poder el estéreo perteneciente al vehículo incendiado, además de otros elementos denunciados como sustraídos ese mismo día por una comerciante de la localidad.
La investigación determinó que los menores también estarían involucrados en el robo perpetrado en el local comercial La Gata Maldita, ubicado en avenida Costanera 853 de Las Grutas, desde donde habrían sustraído dos teléfonos celulares y diversos elementos de valor.
Tras ser demorados, los jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 10° de San Antonio Oeste y, por disposición del agente fiscal interviniente con asiento en Viedma, quedaron a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo competente en materia de protección y abordaje de menores en conflicto con la ley penal.
Asimismo, se informó que al momento de la demora los adolescentes tenían en su poder la totalidad de los elementos denunciados como robados en el comercio, los cuales fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.
La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Turno, que deberá determinar la eventual responsabilidad penal juvenil de los implicados en ambos hechos.
HISTORIAS SANANTONIENSES. El 21 de febrero de 1983, el buque frutero Kandava, de bandera de la Unión Soviética (URSS), se convertía en la primera embarcación en atracar en el puerto de ultramar de San Antonio Este.
A las 16.30 horas del lunes 21 de febrero de 1983, el buque frutero “Kandava”, de bandera soviética, amarró por primera vez en el muelle del flamante puerto de aguas profundas de San Antonio Este, inaugurado oficialmente doce días atrás, con el fin de realizar el primer embarque de fruta rionegrina con destino a la exportación internacional.
El navío de bandera roja, de 120 metros de eslora y tres mil toneladas de porte, arribó a la rada de San Antonio procedente de Las Palmas, después de permanecer amarrado a unas catorce millas del puerto durante 24 horas, a la espera de las condiciones más favorables de la marea.
A primera hora del siguiente día, con la llegada de los camiones valletanos, los estibadores comenzaron la inolvidable faena. En medio de tanta ansiedad por el debut y la inexperiencia de la mayoría de los operarios —más de medio centenar por turno—, la tarea se realizó con total normalidad. El promedio de poco más de 500 bultos por hombre/hora durante el primer turno de seis horas satisfizo los pronósticos más optimistas.
En pocas jornadas más, las bodegas del “Kandava” (“Kahaaba”, en su escritura original) acumularon una carga de 160 mil cajas de manzanas del Alto Valle rionegrino, con destino a los países nórdicos de Suecia y Noruega.
La efectiva puesta en marcha del puerto de San Antonio representó, al igual que el día en que fue inaugurado el canal para el abastecimiento de agua potable, otra jornada histórica para la comunidad sanantoniense. Y, en este caso, más aún para todos los ciudadanos de Río Negro.
Por su inmejorable ubicación geográfica en relación con la producción rionegrina de frutas, lanas, cueros y pesca (en comparación con los puertos más cercanos), esta menor distancia implicó una reducción de los fletes terrestres del orden del 12,7 % con respecto a Bahía Blanca; del 35,4 % con respecto a Puerto Madryn; y del 60 % con respecto al puerto de Buenos Aires. Mientras que la estimación de la incidencia del flete marítimo como contrapartida se consideró prácticamente inexistente: 0,03 %.
“El puerto ha nacido físicamente, es hermoso, pero lo comparo con un bebé, al que no solo hay que traerlo al mundo, sino formarlo. Nuestro puerto tiene muchos peligros. Hay que cuidarlo, es un terreno que no dominamos mucho, en el que hay muchos intereses en juego. Hay que estar muy atentos, y entre todos desarrollarlo”, presagiaba entonces el intendente Celso Breciano.
En esas horas, cuando el puerto de San Antonio Este inició sus operaciones, entre otras cuestiones, quedaba pendiente la puesta a punto del muelle pesquero para el efectivo inicio de la actividad pesquera, e imprimirle la infraestructura portuaria y civil necesaria para que las empresas operadoras consiguieran cumplir sus compromisos con el mayor rendimiento productivo, a los menores costos posibles.
En el Libro de Registro de Entradas y Salidas de buques figura el Buque Mercante Kandava con fecha ingreso día 21 feb 1983 y zarpada día 27/02/1983. Foto de Oscar Roberto Combret.
El kandava entrando a puerto. Foto de Oscar Roberto Combret.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañó una nueva campaña científica orientada al estudio de tiburones y rayas en el Golfo San Matías, en el marco del proyecto Corredor de los Cinco Grandes. La iniciativa busca integrar la conservación marina y el desarrollo sostenible en el eje costero comprendido entre Viedma y San Antonio Este.
Los trabajos se realizaron mediante estaciones de video submarinas remotas, que permitieron relevar información sin capturar ni manipular ejemplares. Se desplegaron cerca de 30 estaciones en distintos puntos del corredor, lo que generó registros inéditos sobre la presencia y distribución de condrictios —grupo que incluye tiburones y rayas— en la región.
La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, subrayó que “fortalecer la base científica es fundamental para tomar decisiones responsables. Estos estudios nos permiten diseñar políticas públicas que protejan especies vulnerables y consoliden un modelo de desarrollo costero que conviva con la conservación del ambiente”.
Los resultados confirmaron la presencia de pez gallo, cazón, gatuzo, gatopardo y chucho, todas especies incluidas en alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde el punto de vista ecológico, los tiburones cumplen un rol clave como depredadores tope, ya que regulan poblaciones y sostienen el equilibrio del ecosistema marino. Sus características biológicas —crecimiento lento y baja fecundidad— los vuelven especialmente sensibles a los impactos humanos.
La campaña se desarrolló junto a la Fundación Por el Mar y al Grupo Condros del CIMAS – Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni, con participación de actores locales. El trabajo conjunto entre el Estado, la ciencia y la comunidad consolida un esquema de monitoreo estratégico para orientar políticas de manejo y promover un uso responsable del espacio costero-marino.
El Bloque Compromiso Ciudadano presentó un proyecto de ordenanza que solicita a la Legislatura de Río Negro el reconocimiento formal de San Antonio Oeste como Municipio de Nodo Energético, en el marco de los proyectos estratégicos vinculados al sector hidrocarburífero y exportador.
Nuestra ciudad, junto a Las Grutas y el Puerto San Antonio Este, ya funciona como plataforma logística clave de la nueva matriz energética nacional. Ese posicionamiento genera oportunidades, pero también un fuerte impacto sobre infraestructura vial, servicios de salud, seguridad y ambiente.
La iniciativa no se opone al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ni a la Ley Provincial Q N° 5594. Por el contrario, propone complementarlos con un criterio de equidad territorial: que el 100% del “Aporte al Desarrollo Territorial” previsto en la ley provincial sea coparticipado directamente al municipio cuando los proyectos se desarrollen o utilicen nuestro ejido.
No se trata de crear nuevos impuestos, sino de garantizar que los recursos generados por la actividad energética que impacta en nuestro territorio se traduzcan en obras concretas y mejoras reales para nuestros vecinos.
Desarrollo sí. Pero con responsabilidad, previsibilidad y justicia territorial.
Río Negro atraviesa un punto de inflexión. No se trata únicamente de la ejecución de obras de infraestructura energética, sino de una definición estratégica sobre su lugar en el mapa productivo nacional e internacional. Los cuatro proyectos actualmente en marcha —con epicentro en la costa atlántica y articulación directa con Vaca Muerta— configuran un escenario que puede modificar estructuralmente la matriz económica provincial.
El acuerdo suscripto con YPF en el marco del plan Argentina LNG no es un anuncio más. Es, en términos fiscales y geopolíticos, una apuesta a consolidar a Río Negro como nodo exportador energético de la Argentina durante todo el año. El gobernador Alberto Weretilneck lo presentó como una oportunidad histórica que garantiza ingresos por cánones, tasas provinciales y aportes comunitarios de magnitud. Pero más allá del discurso oficial, el desafío radica en administrar esa renta extraordinaria con criterio estratégico.
La provincia parte de una ventaja comparativa objetiva: concentra la salida natural al mar del mayor reservorio de gas no convencional del país. Mientras Neuquén produce, Río Negro puede industrializar, procesar y exportar. Esa ecuación explica la magnitud del proyecto Argentina LNG en Fuerte Argentino, que contempla un gasoducto de más de 520 kilómetros, dos buques de licuefacción operando de manera permanente y una planta de fraccionamiento en territorio provincial. No es un emprendimiento aislado; es una plataforma logística de escala internacional.
Pero esta transformación no es abstracta ni difusa: tiene anclaje territorial concreto. San Antonio Oeste, con su puerto de aguas profundas, y Sierra Grande, a través de Punta Colorada, serán los beneficiarios directos de esta oportunidad histórica. Allí confluirán el gasoducto y el oleoducto; allí se materializará la salida física de la energía argentina al mundo. En esas localidades se sentirá primero el impacto en empleo, servicios, demanda habitacional y dinamismo comercial.
A esto se suman el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur —que conectará Añelo con Punta Colorada para facilitar la exportación de crudo—, la ampliación de infraestructura prevista en Duplicar Norte y el proyecto SESA, que profundiza la industrialización del gas en la costa rionegrina. En conjunto, estas iniciativas delinean un hub energético patagónico que redefine la geografía económica regional y coloca al eje San Antonio Oeste–Sierra Grande en el centro de la escena productiva.
Ahora bien, toda oportunidad histórica implica riesgos y responsabilidades. El mercado energético global tiene plazos definidos y la ventana hacia 2030 no es infinita. La premura en la toma de decisiones responde a esa lógica: quien no consolide infraestructura hoy, quedará fuera de los contratos de largo plazo mañana. En ese contexto, la decisión política fue acelerar. La pregunta que debe formularse la sociedad rionegrina es cómo se traducirá esa aceleración en desarrollo territorial equilibrado, especialmente en las comunidades que recibirán el mayor impacto.
Los ingresos proyectados no son meras cifras contables. Representan la posibilidad de financiar obras estructurales, fortalecer servicios públicos y acompañar el crecimiento urbano que inevitablemente generará el movimiento industrial en San Antonio Oeste y Sierra Grande. Pero también exigen planificación rigurosa, transparencia en la administración y una política activa de formación laboral para que el empleo generado sea, efectivamente, local.
El gasoducto de 48 pulgadas que atravesará la provincia no es solo una obra de ingeniería: es una columna vertebral económica. Cada kilómetro implica logística, proveedores, mano de obra y servicios complementarios. Lo mismo ocurre con los buques de licuefacción que operarán las 24 horas, los 365 días del año frente a la costa rionegrina. Producción constante significa también presión sostenida sobre infraestructura vial, servicios urbanos y capacidad de control ambiental en las ciudades portuarias.
Y aquí aparece otra dimensión ineludible: el equilibrio entre desarrollo productivo y sostenibilidad. Convertirse en puerta de exportación energética al mundo exige estándares técnicos, ambientales y regulatorios acordes a los mercados internacionales. La licencia social para operar no se decreta; se construye, especialmente en comunidades que históricamente han vivido de la pesca, el turismo y actividades tradicionales.
Habrá un momento simbólico que marcará un antes y un después: el primer barco cargado con petróleo partiendo desde Punta Colorada hacia destinos internacionales. Ese hecho, anunciado como hito fundacional del Hub Exportador de la Patagonia, sintetiza la transformación en curso. Pero el verdadero éxito no estará en la foto del embarque, sino en la capacidad de que la riqueza generada permanezca y se distribuya dentro del territorio, fortaleciendo de manera concreta a San Antonio Oeste, Sierra Grande y al conjunto de la provincia.
Río Negro tiene hoy la posibilidad de dejar de ser solo corredor y convertirse en protagonista. La oportunidad es ahora. La historia juzgará no solo la decisión de avanzar, sino la manera en que se administren sus frutos. (en X: @caa174)
La efectiva puesta en marcha del puerto de San Antonio representó, al igual que el día en que fue inaugurado el canal para el abastecimiento de agua potable, otra jornada histórica para la comunidad sanantoniense. Y, en este caso, más aún para todos los ciudadanos de Río Negro.
