La semana pasada, la Legislatura de Río Negro sesionó para tratar diversos temas, entre ellos, la nueva ley impositiva que entrará en vigencia en 2025.
Esta última decisión ha generado una fuerte reacción entre empresarios y comerciantes, quienes advierten sobre el impacto negativo de las modificaciones tributarias, especialmente en el impuesto a los ingresos brutos.
Hasta ahora, los contribuyentes que cumplían con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma recibían una quita en ingresos brutos, pagando un 3,5% en lugar del 5% general. Sin embargo, la nueva legislación elimina esta ventaja, lo que implica un aumento efectivo del 1,5% para quienes estaban al día. Según Walter Sequeira, presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, esta medida afectará gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que ya enfrentan un contexto económico complicado.
«Esto es un aumento encubierto. En vez de dar aire a las pymes, como en otras provincias que tienen banca provincial y apoyan a los emprendedores, aquí se les quita más. Esto no ayuda a superar la crisis actual», expresó Sequeira en diálogo con FM de la Costa.
La eliminación del beneficio fiscal será particularmente perjudicial para sectores como farmacias, chocolaterías y otros rubros sensibles al impuesto a los ingresos brutos. Empresarios advierten que esta carga adicional podría reducir la competitividad de las empresas rionegrinas frente a las de provincias vecinas, como Neuquén o La Pampa, que ofrecen condiciones más favorables.
La eliminación de beneficios fiscales no solo incrementará los costos de operación, sino que también podría desincentivar nuevas inversiones en la provincia. «Empresas que planeaban instalarse en localidades como Cipolletti ahora pueden optar por Neuquén u otras provincias con menor presión tributaria», advirtió Sequeira en FM de la Costa.
A pesar del descontento, las autoridades defienden la medida argumentando que solo el 10% de los contribuyentes cumplía con el requisito de estar al día. Sin embargo, empresarios cuestionan esta cifra, asegurando que el padrón utilizado para justificar la decisión es «bastante inexacto».
Los representantes del sector empresarial instan al gobierno provincial a reconsiderar estas medidas y proponen alternativas como una moratoria para quienes tienen deudas acumuladas. Además, piden políticas fiscales más justas y un apoyo real a las pymes, especialmente en un momento de transición económica y grandes desafíos para el país.
