A una semana de la explosión registrada en una chatarrería ubicada sobre calle Irigoyen, en San Antonio Oeste, desde el municipio brindaron detalles sobre el procedimiento que se llevó adelante tras el siniestro, que generó preocupación entre los vecinos y reavivó cuestionamientos sobre el funcionamiento del establecimiento.
Rocío Fernández, presidenta del Consejo de Gestión Ambiental de la Municipalidad local, explicó que el incidente ocurrió en un galpón donde funcionaba una chatarrería y que la detonación provocó importantes daños materiales, entre ellos la destrucción de un muro. “Gracias a Dios no sucedió nada más grave”, señaló la funcionaria, quien relató que la explosión fue de tal magnitud que pudo sentirse a varias cuadras del lugar. “Yo también la sentí porque estaba en la casa de mis padres, que queda a unos metros. Fue muy fuerte, los vidrios vibraron y la situación fue realmente preocupante”, expresó.
Tras tomar conocimiento del hecho, Fernández indicó que se trasladó al lugar junto al subsecretario de Comercio y el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos para interiorizarse sobre lo sucedido. Al arribar, encontraron a los bomberos trabajando para extinguir el incendio que se había originado en un tanque que contenía amoníaco, un residuo considerado peligroso.
Según detalló, los daños provocados por la explosión fueron significativos. “Pudimos observar cómo había volado el paredón, con escombros que llegaron casi hasta la vivienda del vecino de enfrente”, describió. En ese contexto, desde el área de Comercio se resolvió proceder con la clausura del predio, una medida que ya contaba con respaldo legal. Fernández explicó que existía una resolución del Juzgado de Faltas, emitida en noviembre de 2024, que disponía la clausura permanente del establecimiento y la obligación de trasladar la actividad a otro lugar. “Había un trabajo previo en el que también participé para intimar a la persona que operaba dentro del galpón para que cesara la actividad. Esa resolución judicial ya estaba vigente y, tras el incidente, se procedió a ejecutar la clausura”, precisó.
La funcionaria informó además que el pasado 3 de febrero se elevó al Juzgado de Faltas un informe detallando el accionar municipal y los hechos ocurridos. El documento incluye registros fotográficos, documentación y el parte elaborado por los Bomberos, material que será evaluado para determinar los pasos a seguir. “Ahora queda a consideración del juez de faltas definir qué medidas se tomarán, si corresponde aplicar multas u otro tipo de sanción, ya que es competencia exclusiva de ese ámbito”, explicó Fernández.
En cuanto a posibles acciones judiciales de carácter penal, la presidenta del Consejo de Gestión Ambiental señaló que, hasta el momento, no se presentó ninguna denuncia, aunque confirmó que esa posibilidad está siendo analizada debido al riesgo que implicó el episodio. Asimismo, remarcó que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, sobre todo por la ubicación del predio. “Afortunadamente ocurrió al mediodía, pero es un sector con gran circulación de personas y está a pocos metros de una escuela con gran cantidad de alumnos. Podría haber sido una tragedia mayor”, sostuvo.
Fernández también se refirió al trasfondo social vinculado al funcionamiento del establecimiento. Explicó que el lugar generaba ingresos para recuperadores urbanos que dependen de la recolección de residuos para subsistir, lo que dificultó en su momento la implementación definitiva de la clausura. “Era una actividad que representaba una fuente de ingreso para un sector vulnerable de la comunidad. Por eso se intentó encontrar una alternativa que permitiera continuar con el trabajo, pero bajo condiciones legales y en un espacio habilitado”, indicó.
En ese sentido, recordó que se elaboró un convenio, en conjunto con la asesoría legal municipal, para trasladar la actividad a otro sitio, conforme lo dispuesto por el Juzgado de Faltas. Sin embargo, el acuerdo nunca fue firmado por el responsable del predio. “La última convocatoria para firmar ese convenio fue el 21 de abril. Se realizaron reiterados llamados y, cuando finalmente se acercó, no se concretó la firma, por lo que no se pudo avanzar con el traslado. Posteriormente, yo me ausenté del área durante varios meses y el proceso quedó sin continuidad”, relató.
Respecto del material involucrado en la explosión, Fernández advirtió que se trataría de un tanque que contenía amoníaco, un residuo peligroso cuya gestión excede la competencia municipal. “La normativa establece que la intervención corresponde directamente a la provincia”, explicó. El informe elaborado por Bomberos, recibido recientemente por el municipio, refuerza la presunción de que el tanque contenía esa sustancia. Además, persisten dudas sobre la posible presencia de otros residuos peligrosos almacenados en el lugar.
Ante esta situación, Fernández adelantó que uno de los puntos centrales a resolver será el saneamiento integral del predio. “El lugar debe quedar completamente limpio, no puede permanecer ningún residuo de los que estaban depositados allí”, afirmó. La funcionaria señaló que, una vez que el Juzgado de Faltas adopte una resolución, el municipio trabajará junto a la empresa responsable para garantizar la remediación del sitio y asegurar que el espacio quede en condiciones adecuadas, teniendo en cuenta su localización céntrica. “Está en una zona muy transitada de la ciudad y muy cerca de una escuela, por lo que no podemos volver a correr riesgos”, enfatizó.
Finalmente, Fernández reflexionó sobre el impacto del hecho y reconoció que, en ocasiones, situaciones de este tipo aceleran decisiones que resultan necesarias para resguardar la seguridad de la comunidad. “Lamentablemente, a veces tienen que ocurrir estos episodios para que se precipiten determinadas medidas, tanto por parte de los vecinos como del municipio”, concluyó.
