La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que retiene sueldos de funcionarios y representantes legislativos con deudas impositivas.
En una reciente sesión, la Legislatura de Río Negro aprobó una ley que permitirá retener los sueldos de los funcionarios que mantengan deudas impositivas con el Estado. Esta medida tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promover la transparencia y la responsabilidad fiscal entre los empleados del sector público. Los tributos que podrán descontarse de los salarios incluyen impuestos automotores, inmobiliarios e ingresos brutos.
El legislador de la CC-ARI por San Antonio Oeste, Fernando Frugoni, explicó la importancia de esta ley, destacando que aquellos funcionarios que no cumplan con sus deberes fiscales verán descontadas sus deudas de forma automática a travésde un registro que será creado por la Agencia de Recaudación Tributaria. Frugoni defendió la normativa, afirmando que es justo que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones fiscales, especialmente si desde el Estado se exige lo mismo a la ciudadanía.
“Aquel funcionario que le debe al Estado se le descontará directamente del recibo de sueldo, ya sea por impuestos inmobiliarios, automotores o ingresos brutos. Me parece totalmente justo porque si desde el Estado estamos exigiendo que los ciudadanos paguen sus impuestos, los funcionarios también tienen que cumplir”, señaló Frugoni.
No obstante, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. Algunos parlamentarios manifestaron su preocupación ante posibles conflictos legales que podrían surgir por los descuentos en los salarios de los funcionarios. Frugoni se mostró sorprendido por estos reparos, subrayando que los legisladores y funcionarios públicos deben aceptar las condiciones de la función pública, incluyendo la posibilidad de perder ciertos derechos como la estabilidad laboral, y ahora también, la retención de sus sueldos en caso de incumplir con sus responsabilidades impositivas.
El legislador también criticó a algunos de estos colegas por no participar activamente en las comisiones donde se discuten estas normativas, lo que a su juicio, es una falta de compromiso con el proceso legislativo.
La ley busca fortalecer la credibilidad del Estado en la gestión de los recursos públicos y asegura que los funcionarios estén a la altura de las expectativas en términos de cumplimiento fiscal.