Informe sobre alquileres en Río Negro: la ley nunca se cumplió

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“La ley nunca se cumplió”: un informe de inquilinos en Río Negro detalla múltiples irregularidades. Las principales faltas son los aumentos desmedidos cada seis meses y que los contratos no cumplen la norma de que sean por tres años.


Sobre un total de 381 casos relevados de todo el territorio de Río Negro, se midió la situación socio-económica de las familias que alquilan, y además los niveles de cumplimiento de la ley vigente que el Mercado Inmobiliario quiere derogar.

Los resultados son preocupantes. Las mujeres se llevan la peor parte. La mitad de los contratos se hizo por menos de tres años, y la mitad sigue aumentando precios cada seis meses.

El porcentaje de respuesta es mayoritariamente femenino, lo que señala dos cuestiones principales: la mujer es la que se ocupa de las cuestiones domésticas, por un lado, y por otro son quienes tienen mayores inconvenientes para acceder y permanecer en una vivienda. En primer lugar, por temas estrictamente vinculados a condiciones socioeconómicas, y en segundo lugar porque el “mercado” (es decir, las inmobiliarias), no alquilan a personas con hijos.

Los principales problemas se encuentran en la zona Andina y Alto Valle, en donde se traccionaron los precios por el impacto del turismo y los precios-petróleo que despliegan la demanda de alquileres hacia la zona norte de Río Negro.

En el caso del turismo, puntualmente, muchas viviendas salieron del mercado de alquileres permanente si tener habilitación y utilizando páginas como ArBnB, Trivago, Booking, o Facebook, generando una competencia desleal con el sector turístico que sí paga impuestos, tasas, y sostienen puestos de trabajo del 40% de la población en Bariloche.

Por supuesto, esa retirada del mercado de alquileres permanente, achica la oferta para quienes habitan en una ciudad turística, sino que además, encarecen lo existente haciendo imposible la posibilidad de acceder para una familia, o prácticamente destruyendo su capacidad salarial.

Todavía existe un porcentaje no menor de familias que mantienen deudas, producto de la falta de recuperación económica post pandemia, por un lado, y producto de la desmedida suba de precios de los alquileres, sin que los salarios acompañen esa suba de precios, que además no tiene control por parte del Estado, ni se tiene en cuenta en los valores de la canasta básica que mide el INDEC.

Esto mismo queda reflejado en el eje ene donde se consulta por la situación de cada familia que alquila: el 43,6% señala que no le alcanza el dinero para pagar los aumentos de los alquileres, mientras que un 35% indicó que se tuvo que quedar alquilando en el mismo lugar pero con un precio mucho más caro. Esto indica que, por un lado, no hay movilidad de un mercado, y por otro que las mismas viviendas se produjeron aumentos considerables cuando se renueva un contrato. Recordemos que el precio liberado entre contrato y contrato, quedó exactamente igual que la ley anterior (por oposición de las inmobiliarias), y es en donde se están produciendo los mayores aumentos: hasta el 120%, contra un 48,5% de la ley.

Otro de los puntos importantes (y urgentes) es que muchos inquilinos e inquilinas ya saben que no se les renovará el contrato (muchos señalan que las pasaran al alquiler turístico), pero no encuentran vivienda. Esto es para el 17,6% de los casos.

En el segmento salarial, los datos son peores que hace seis meses. El 76,4% de los inquilinos e inquilinas de Río Negro, destinan entre el 40 y el 80% de sus ingresos sólo para pagar el alquiler. De aquí, podemos desprender dos grandes bloques: el 36% paga entre el 60 y 80 de su salario, mientras que el 40,4 entre el 40 y 50%. Un dato no menor, es que el sector de adultos mayores (6,6% de la muestra), destina entre el 90 y 100% de su ingreso, siendo un nuevo fenómeno socio- económico que antes no ocurría.

Si a esto le sumamos los valores de la canasta básica alimentaria, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el piso de ingresos que necesita tener una familia para no caer en la pobreza o indigencia es de 78.624 pesos. Esto, por supuesto, no tiene en cuenta el alquiler. Por su parte, el salario mínimo, que se ubica en $38.000 (si se suman dos salarios mínimos, la cuenta asciende a

$72.000), y así y todo no se cubre la canasta básica. Imaginemos, entonces, la situación de aquellos que alquilan.

Otro dato es la percepción de la gente, respecto la voluntad del Gobierno Nacional a la hora de aplicar la Ley de Alquileres. El 62,7% señala que no hizo nada, y el 34,1 que hizo muy poco. Esta definición no es menor si se la compara con los principales problemas que tienen los inquilinos que están alquilando: el 84% se queja de la suba de precios, el 63% de la falta de aplicación de la ley, el 65,9% de la falta de oferta producto de la especulación, y un 65,6% considera que NADIE DEFIENDE A LOS INQUILINOS E INQUILINAS.

Y aquí, llegamos al segmento más importante a tener en cuenta. Al 45,9% de los inquilinos/as le siguieron aumentando el alquiler cada seis meses, un 22,8% afirmó que le hicieron firmar contratos por menos de tres años, otro 24,1% señala que no tiene un contrato firmado (por lo que está todo el tiempo a la expectativa que lo echen y el Estado no tiene control sobre el mismo), el 43,3% , señala que no reciben factura por el pago del alquiler (algo que es un delito penal por defraudación al fisco), el 42% de los inquilinos tuvo que pagar la comisión inmobiliaria (cosa que está prohibida por ley), el 41,5% señaló que le pidieron más de dos garantías (cuando la ley obliga a pedir una sola). El 40% señala que lo obligan a pagar el impuesto municipal (que es obligación de los propietarios), y un 34,1% que es obligado a pagar por el mantenimiento de la propiedad, también prohibido por ley.

De este segmento, se desprende que en realidad la ley no se aplica en la mitad de los casos, ya que muchos señalan que siguen pagando aumentos cada seis meses (por lo tanto, se entiende que los aumentos no tienen que ver con la ley, sino con su falta de aplicación), lo que demuestra por qué las inmobiliarias quieren volver a “la ley anterior” en donde se aumentaba cada seis meses: se nota menos el aumento, pero en el plazo de tres años, el inquilino termina pagando más (un 144% de aumento), sin contar que a los dos años el precio volvería a quedar liberado.

La mitad de los inquilinos/as señala que o no tiene contrato, o se lo hicieron firmar por menos de tres años. Esto es una forma encubierta de generar aumentos, ya que si un inquilino no tiene contrato, queda a merced de una suba de precios en cualquier mes, y por otro, con contratos cortos el precio se vuelve a actualizar más rápido.

Y, lo peor, es que no hay ningún lugar en donde los inquilinos puedan denunciar estos atropellos, y esta falta de legalidad. (Fuente NoticiasNet)

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