Representantes de inquilinos e inquilinas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, conformados como Bloque Patagónico de Organizaciones Inquilinas, se hicieron presentes en la reunión de los gobernadores patagónicos para pedir que los diputados voten contra el DNU y para que se impulsen políticas regionales para salir del terrible momento que atraviesan cientos de miles de personas en la región.
También destacaron la unidad de los gobernadores de las provincias patagónicas en defensa de los bienes comunes para garantizar la mejora en la calidad de vida de la población.
La reunión de gobernadores patagónicos celebrada en la provincia de Tierra del Fuego, contó con la presencia del Bloque Patagónico de Organizaciones Inquilinas que presentaron un documento en donde detallaron la grave situación de miles de personas a la hora de acceder a una vivienda a través del alquiler.
En este sentido, señalaron que la situación se agravó desde que gobierna Javier Milei, y pidieron políticas regionales para afrontar la crisis.
En el documento, expresaron que los inquilinos se encuentran atravesando desde hace tiempo una distorsión en los precios de la vivienda, que destruye la capacidad económica de sus salarios, así como el agravamiento en la reducción de los plazos en los contratos producto del alto impacto que generan las oleadas turísticas.
“Hay familias hacinadas”, “muchas no cubren el 100% del alquiler”, “profesionales abandonan las provincias, afectando el servicio de salud y la educación”, “muchas se deshacen de sus pertenencias”, son algunos de los puntos señalados por las organizaciones de inquilinos de la Patagonia.
Asimismo, señalaron que “en este momento, nos encontramos con las condiciones que el mercado impone”, sin control y que no permite ningún acuerdo o consenso.
Por otro lado, señalaron que en toda la región existen 356.660 viviendas destinadas al alquiler, y que sólo 22.249 se encuentran inscriptas en AFIP. “El mercado tanto formal como informal y de alquiler permanente como de alquiler temporario, no tienen penalidades por su negligencia y evasión fiscal al desarrollar su actividad económica, no reciben controles sobre el tipo de servicio que ofrece para cubrir la demanda habitacional y además de imponernos unos valores equiparables a los montos de nuestros salarios (lo cual vulnera nuestro acceso a los alimentos y servicios básicos de subsistencia)”, afirmaron.
Finalmente, en el documento, pidieron un “rechazo absoluto al DNU”, regulaciones que protejan el acceso a la vivienda en cada provincia, incorporar al debate en paritarias el valor del alquiler, y que se quite el impuesto provincial por cada contrato, así como la comisión inmobiliaria (como ocurre en Río Negro y La Pampa).