Quisiera comentarles que, en los últimos 15 días, me vi obligada a intervenir en un caso de suma gravedad, donde pude constatar el gravísimo daño a la salud que se pudo haber ocasionado por la desidia, el desinterés, la desaprensión, e incluso la maldad, hacia un afiliado del Instituto por parte de dos funcionarias públicas del gobierno de Río Negro.
Una de ellas es la recientemente nombrada Directora de Farmacia, Nancy Bertola, y la otra es la Presidenta de IPROSS de Río Negro, Marcela Ávila. A ninguna de ellas les importó, y con pleno conocimiento de las consecuencias —hasta fatales— que podrían haber sucedido con un afiliado, resolver la situación que tenían en sus manos, la cual se podría haber solucionado en cuestión de minutos con una simple llamada telefónica.
Procedí por los caminos administrativos y legales correspondientes para la resolución de este caso. Primero por vía administrativa y, posteriormente, mediante la presentación de un amparo judicial, ya que el daño a la salud que se podía producir era inminente, por lo que la resolución judicial debía ser urgente.
La intervención inmediata de la Jueza del Juzgado 9 de San Antonio Oeste, Río Negro, Dra. Vanessa Kozaczuk, con la experticia que la caracteriza, emitió una resolución ordenando la entrega inmediata de la medicación, la cual debió haberse acatado sin demora. Ante tanta desidia, intervino la legisladora Marcela Rossio, quien actuó con rapidez, consideración y total humanidad, cualidades propias de alguien que no es indiferente al dolor ajeno. Aun así, fue necesario solicitar la intervención de la Defensora del Pueblo de Río Negro, Sra. Adriana Santagatti, para notificar a Bertola y Ávila de que debían cumplir con la orden judicial. Solo de esa manera, y después de 15 días, se vieron obligadas a cumplirla.
Tuve que trabajar en conjunto con estas tres mujeres serias, decididas y comprometidas para que las funcionarias, burócratas de escritorio, sin el más mínimo interés en resolver problemas y sin sentido común en cuestiones de su competencia, cumplieran con su bien remunerada labor. La mediocridad de funcionarias como Bertola y Ávila les hace creer que el cargo les otorga el poder de decidir sobre la vida y la salud de las personas, digitando así quién vive y quién no.
Dra. Ana Soledad Schiavone
Abogada – M.P. F° 1714 L IX CAVRN
DNI N° 20.336.077
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