Bajar la edad de imputabilidad es la salida más fácil para un Estado que fracasó.
Es trasladarle al menor la culpa de lo que el propio sistema no supo —o no quiso— resolver.
Los chicos que delinquen vienen, en su enorme mayoría, de contextos de abandono, violencia, pobreza estructural y exclusión educativa.
Sabemos que las escuelas no contienen – ni es su obligación-, barrios sin oportunidades, familias atravesadas por pobreza estructural, Instituciones que llegan tarde. Pero el derecho penal no está para tapar agujeros sociales, debe ser es la última herramienta, no la primera.
Si el Estado no garantizó educación, salud, contención, oportunidades reales, ¿con qué autoridad moral pretende exigir responsabilidad penal plena?
Un niño o adolescente no tiene el mismo nivel de madurez que un adulto para entender totalmente las consecuencias de sus actos.
Y además bajar la edad no baja el delito. No hay evidencia seria que lo demuestre.
Un Estado fuerte no es el que castiga más temprano, es el que interviene más temprano.
Si el Estado no estuvo cuando había que educar, contener y proteger, no puede aparecer después solamente con castigo.
Porque cuando el Estado llega TARDE con políticas sociales y TEMPRANO con castigo, lo que está haciendo no es justicia está administrando su propio fracaso.
Y cuando todo eso falla, cuando el Estado falla, la respuesta sería: ¿CARCEL ANTES?
Eso no es política criminal. ES POLÍTICA PARA LA TRIBUNA.
Juristas de renombre de Argentina, expresan:
El Dr. Edgardo Donna, con su perfil garantista y firme defensor del derecho penal como última ratio (último recurso) sostiene que bajar la edad de imputabilidad es una respuesta demagógica que traslada al sistema penal el fracaso previo del Estado en educación, inclusión y protección de los menores.
El Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni —ex juez de la Corte Suprema y reconocido penalista garantista— ha expresado ideas claras y críticas sobre la baja de la edad de imputabilidad: considera que no se debe reducir la edad para aplicar penas de adultos a menores porque la incidencia de delitos graves cometidos por chicos es muy baja y esa medida responde más a punitivismo que a datos reales; además afirma que cualquier sanción debe surgir de un proceso con garantías, respetando los derechos constitucionales de los niños y adolescentes, y que la discusión suele utilizarse para manipular con el miedo en vez de abordar las causas profundas de la violencia
Ana Soledad SCHIAVONE.
Abodada, mediadora y docente
DNI N° 20.336.077
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