La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó hoy la “inhibición general” de todos los bienes de Cristóbal López en la causa que investiga una deuda fiscal de $ 8000 millones. La medida alcanza a los bienes de su socio y lugarteniente Fabián de Sousa y los de todas las empresas que integran el Grupo Indalo.
El juez federal Julián Ercolini había ordenado el 13 de julio de 2016 congelar todos los activos de López y su emporio con el objetivo de evitar que se insolvente o que se reduzcan las posibilidades de que el Estado recupere esos $ 8000 millones.
“Estimo que con relación a las medidas propiciadas -había explicado Ercolini en su resolución-, en su mayoría resultan de razonabilidad suficiente para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes y/o ganancias que podrían constituir, en definitiva, el producido o provecho del delito bajo pesquisa”, había indicado.
El juez Ercolini había dispuesto que la inhibición alcanzara a López y a De Sousa y a todas las empresas del grupo. Entre otras, la petrolera Oil Combustibles SA, Álcalis de la Patagonia (Alpat), la constructora CPC, Ganadera Santa Elena SRL, la productora Ideas del Sur y la Inversora M&S, La Salamandra SA, Oil M&S, la fábrica Paraná Metal, Petrolera Cerro Negro, South Mineral SA, Telepiu SA -controlante del canal de cable C5N- y Votionis SA -Radio 10-.
La Sala I Criminal y Correccional Federal ratificó hoy esa decisión de primera instancia del juez Ercolini. Con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia (subrogante), ratificó la medida porque los empresarios “no han logrado demostrar con éxito que la inhibición general de bienes le[s] genere un perjuicio concreto, directo y actual que merituar a los fines de resolver su conservación o revocatoria”.
La inhibición general de bienes fue confirmada “con el grado de provisionalidad que aquí se debate”, es decir, como medida preventiva.
La Cámara Federal adoptó esta decisión pese a que hace diez días había resuelto enviarla investigación al fuero en lo Penal Económico. El 14 de febrero, los camaristas Ballestero y Eduardo Freiler habían declarado la incompetencia de los tribunales de Comodoro Py para seguir adelante con la causa, cosa que beneficiaba a López.
Dónde se tramita la investigación no es una simple cuestión técnica: López y De Sousa bregaron durante meses para llevar la investigación al fuero en lo Penal Económico. Aunque las penas previstas en la ley Penal Tributaria son más altas, los dueños del Grupo Indalo apuntan a cancelar la deuda y cerrar así el frente penal que se cierne sobre ellos.
El expediente
La causa investiga el desvío de $ 8000 millones que Oil Combustibles recaudó a través del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (IITC), que no remitió a la AFIP y que, según reveló LA NACION, giró a Inversora M&S y Oil M&S para financiar el crecimiento del Grupo Indalo y cubrir pérdidas millonarias de algunas de sus empresas. Esta deuda después fue incluida en un plan de pagos de la AFIP a diez años que licuaba lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación. (Fuente: La Nación)