Con el objetivo de debatir acerca de los desafíos que presenta el trabajo en torno a la Salud Mental en nuestra provincia, la Defensa Pública rionegrina participó de una charla organizada por la Universidad Nacional de Río Negro en la que destacados profesionales debatieron acerca de los logros alcanzados y del trabajo que aún resta realizar en torno a esta problemática psicosocial.
La charla, se desarrolló a partir de tres miradas diferentes que aportan a esta concepción interdisciplinaria que exige el trabajo de salud metal en la que ya no bastan psicólogos y psiquiatras sino que requiere la intervención de un cúmulo de profesionales que atiendan a quienes tienen padecimientos mentales desde múltiples perspectivas.
En ese marco, en la Defensa Pública de Río Negro se conformó un grupo de abogados que especialmente atienden estos casos. En la primera Circunscripción Judicial, Dolores Crespo ocupa este lugar que pretende agregar la ciencia del derecho a un trabajo que se basaba únicamente en la ciencia médica.
La instancia comenzó con la exposición de la psiquiatra Graciela Natella, quien participó en los procesos de transformación de las políticas públicas de salud mental que llevó adelante la provincia de Río Negro hace más de 30 años, constituyéndose en una región pionera en esta materia. En este sentido, aunque haciendo constante mención a los avances que la provincia detenta, destacó las concepciones arcaicas que aún pesan sobre la salud mental que continúan atravesándonos como sociedad.
“Existen dos modelos de trabajo para atender los padecimientos mentales, el modelo clínico, que requiere sólo de psiquiatras y psicólogos que atacan únicamente el síntoma y nos ata a concepciones arcaicas a partir de las cuales creemos que el usuario de salud mental es peligroso, incapaz y que eso es permanente, excluyéndolo entonces de la vida en sociedad. Ante él se contrapone el modelo comunitario, por el que bregamos, que indica que todo sujeto a priori se presume capaz y se trabaja a partir de allí en su reinserción, seguimiento y en la continuidad de sus cuidados”.
Allí, en la defensa de los derechos humanos que deben procurarse, se ubican estos defensores públicos que garantizan que las medidas que los organismos estatales intervinientes adoptan para atender problemáticas de salud mental sean legales, proporcionadas y razonables.
También la defensa debe abandonar viejos paradigmas para cumplir con su labor, así lo explica Crespo: “Nos han formado para tutelar, aún actuamos bajo la denominación de Defensores de Menores e Incapaces. Como organismo seguimos reforzando estigmas que debemos desterrar”. Agregó a ello que su trabajo comenzó a cambiar a partir de una escucha activa al usuario de salud mental, cuando dejó de “presuponer sin preguntarle al otro qué quería, qué necesitaba, cuáles eran sus pretensiones a partir de una realidad que sólo el otro vivía y conocía”.
“Hola, yo soy el insano”
En una charla que construyó la labor de la defensa a partir de las experiencias vividas en la protección de quienes tienen padecimientos mentales y psicosociales, Crespo compartió situaciones en las que los usuarios de salud mental fueron ayudándola a construir el lugar de un abogado atento a las necesidades específicas de cada uno de ellos.
“Somos quienes llevamos las palabras de estas personas ante el juez” procurando que la misma sea debidamente comprendida. Para ello “debemos abandonar nuestras viejas prácticas, conocer al otro, ir a entrevistarlo allí donde él se encuentra, efectuar el control de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que el Estado adoptó para él”. Los defensores se ubican allí para defender sus derechos a partir de una fuerte creencia en sus posibilidades, en lo que sí puede hacer, sí puede lograr, sí puede decidir.
“Esos son nuestros desafíos, efectuar una comprometida defensa técnica por fuera del servicio sanitario y trabajar cada vez más porque las situaciones que nos tocan atender pasen lo menos posible por la justicia y más por otras instituciones del Estado que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas”, finalizó Crespo.
Del síntoma a la resociabilización
En esta pugna por dos modelos de atención a la salud mental, la Dra. Graciela Natella explicó por qué es necesario sostener una ley específica de Salud Mental que en Río Negro no ha sido otra cosa que el compendio de prácticas que ya se efectuaban en ese campo.
“Hay tres indicadores que hacen imprescindible una ley: el bajo acceso a atención profesional, el tiempo excesivo en que se padecen limitaciones a causa de la problemática padecida y la alta vulneración de Derechos Humanos que pesan sobre las personas a través de maltratos activos y pasivos”. Ante estos indicadores “la ley avanza ya que el Desarrollo natural de los sistemas no prospera”, destacó la psiquiatra.
Así, delimitó las concepciones de salud médica y tradicional contra una comunitaria, “que pone al individuo como sujeto de derecho y lo atiende en ese contexto”, en hospitales generales y no en instituciones privadas. “La salud mental debe ser una política publica y comunitaria”, explicó, ya que los padecimientos aparecen por una interacción de componentes de los cuales el síntoma es sólo la visibilización por lo cual la atención debe exceder a la ciencia médica.
“Hacen falta abogados, operadores, familiares y usuarios que lleven las prácticas desde el síntoma a la resocialización, hay que trabajar en la autonomía de las personas y cambiar las expectativas sobre ellas porque son mucho más que su síntoma y lo que verdaderamente las rescata de sus padecimientos mentales es su integración a la vida en sociedad”, finalizó.
El cierre estuvo a cargo de Beatriz González, presidenta de la Asociación Manos Abiertas y Solidarias, creada hace más de 20 años para el trabajo con personas con padecimientos mentales y psicosociales, terminando así de componer una mirada integral, la misma que se vuelve fundamental para garantizarles una mejor calidad de vida.
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