El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión efectiva para un ex empleados municipal de SAO, declarado responsable de hurto en grado de tentativa, defraudación a la administración pública y uso de certificado médico adulterado. Además, la fiscalía pidió que se declare su reincidencia, ya que el imputado registra un antecedente penal computable.
La audiencia se desarrolló de forma presencial y estuvo centrada exclusivamente en la determinación del monto de la pena, dado que la responsabilidad penal del acusado ya había sido establecida por el Tribunal de Impugnación (TI), que revocó una sentencia de absolución dictada en primera instancia a un ex empleado de la Municipalidad de San Antonio Oeste.
Según expuso la fiscalía durante la audiencia, los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2023, cuando el imputado fue sorprendido en un supermercado de San Antonio intentando sustraer varios kilos de carne y otros alimentos. El intento fue detectado a tiempo por el personal del local, por lo que el delito no llegó a concretarse.
A este episodio se suma una segunda maniobra delictiva comprobada en el expediente: el hombre presentó un certificado médico adulterado en un municipio de la zona atlántica, con el objetivo de extender fraudulentamente una licencia laboral. La pericia caligráfica confirmó que en el documento original, firmado por un profesional médico, el acusado añadió un número al período de reposo prescripto, ampliando así los días de licencia en forma indebida.
En su alegato final, la fiscalía sostuvo que las conductas fueron correctamente calificadas como hurto en grado de tentativa, defraudación a la administración pública y uso de documento adulterado, en concurso ideal. Remarcó, además, la gravedad de los hechos y el desapego del acusado a las normas, señalando que los delitos contra la administración pública afectan la confianza social y el funcionamiento de las instituciones.
Aunque la escala penal permitiría aplicar una pena de ejecución condicional, la fiscalía advirtió que la existencia de antecedentes penales impide otorgar ese beneficio. “Estamos frente a una conducta reiterada que merece una respuesta acorde con la gravedad del hecho y su impacto en el ámbito público”, expresó la parte acusadora.
Por su parte, la defensa del imputado coincidió con el monto de pena propuesto, pero anticipó que apelará la declaración de responsabilidad penal ante el Tribunal de Impugnación. El abogado defensor sostuvo que “persisten dudas razonables sobre la autoría en el hecho ocurrido en el supermercado y sobre la manipulación del certificado médico”, por lo que insistirá en que se revise la condena.
El juez de juicio interviniente adelantó que la sentencia definitiva se dará a conocer en los próximos días, luego de evaluar los planteos de ambas partes.
El proceso judicial incluyó un debate oral desarrollado en junio pasado en Viedma, durante el cual declararon seis testigos, entre ellos agentes de seguridad del supermercado, el gerente del local y personal del municipio afectado. También prestaron testimonio el médico firmante del certificado original, la directora del hospital local y una perita calígrafa encargada de examinar el documento cuestionado.
En aquella instancia, el acusado había sido absuelto por el beneficio de la duda. No obstante, en septiembre de este año, el Tribunal de Impugnación revocó la absolución y lo declaró culpable, ordenando la audiencia de cesura que se llevó a cabo esta semana para definir el monto de la pena.
La causa, que combina delitos contra la propiedad y contra la administración pública, volvió a poner en debate la responsabilidad individual frente a la confianza institucional, y podría convertirse en un nuevo precedente dentro del fuero penal rionegrino respecto del tratamiento de los casos de documentación médica adulterada.
El fallo final, que se conocerá en los próximos días, determinará si el acusado, un ex empleado que fue exonerado de la comuna sanantoniense hace pocas semanas, deberá cumplir efectivamente la pena solicitada por la fiscalía y si se declara su reincidencia, un punto clave que incidirá en futuras revisiones judiciales y en la posibilidad de acceder a beneficios procesales.
