La Justicia federal rechazó el reclamo de la Federación de Entidades Rurales de Río Negro que buscaba suspender la apertura de la barrera sanitaria que protege a la Patagonia de la fiebre aftosa.
El juez Hugo Greca consideró que los ganaderos no presentaron pruebas técnicas suficientes para demostrar que la resolución del Senasa fuera arbitraria o que existiera un peligro sanitario real.
El fallo judicial argumenta que, al estar el Estado involucrado, se exige un estándar más estricto para probar la supuesta arbitrariedad de un acto administrativo. En este caso, la Federación no pudo demostrar un perjuicio concreto que justificara una suspensión cautelar.
La decisión del Senasa, implementada a fines de junio después de cuatro meses de debate, permite el ingreso de carne con hueso desde zonas del norte del Río Colorado, donde todavía se vacuna contra la aftosa. Esta medida ya ha provocado una baja en los precios del asado en carnicerías de Neuquén y Río Negro.
El Senasa fundamentó su resolución con informes técnicos que aseguran que no hay circulación viral de aftosa en el país. Para el juez Greca, esta documentación es suficiente para respaldar la legalidad de la decisión, y la Federación no pudo desvirtuar correctamente esa base técnica.
Repercusiones y futuro del conflicto
La resolución que abrió la barrera sanitaria representa un cambio significativo después de 20 años de control estricto en la región. La medida generó fuertes críticas en Río Negro y otras provincias patagónicas, que la consideran arbitraria y sin consenso. Productores y autoridades advierten que pone en riesgo el estatus sanitario de la región, que les ha permitido acceder a mercados internacionales.
El sector ganadero ha presentado recursos administrativos y planteos judiciales, argumentando la falta de consulta pública y el riesgo de contagio. Aunque esta primera instancia judicial fue desfavorable, aún quedan vías legales. La Federación podría presentar un recurso jerárquico o judicial de fondo.
Mientras tanto, los productores y autoridades de Río Negro se mantienen movilizados, exigiendo la derogación de la resolución y la preservación del estatus sanitario regional. La decisión del juez Hugo Greca valida la postura del Senasa, pero el conflicto legal y político está lejos de terminar.
