Aprobado polémico acuerdo marco en Concejo Deliberante genera acusaciones de negocio inmobiliario.
En una sesión llevada a cabo ayer en el Concejo Deliberante, la mayoría perteneciente al oficialismo dio su aprobación a un controvertido acuerdo marco que involucra a reclamantes con litigios pendientes y aquellos que habían iniciado trámites administrativos. Sin embargo, la oposición denunció lo que consideran «un gran negocio inmobiliario».
El debate se centró principalmente en los concejales Vanesa Carmona del Frente de Todos (FDT) y Matías Rodríguez de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes se opusieron a la aprobación realizada por los representantes del partido Juntos Somos Río Negro (JSRN) y sus aliados del Frente Renovador (FR) y la Unidad Ciudadana (UC).
La iniciativa, propuesta por el oficialismo gobernante, busca llegar a un acuerdo con las familias Velázquez-Rojas, quienes habían ganado un juicio y requerían que el municipio llevara a cabo la mensura correspondiente. En este caso, los concejales opositores argumentaron que era necesario respetar la decisión judicial.
Por otro lado, ambos concejales coincidieron en una entrevista con Signos FM y afirmaron que los otros dos acuerdos incluidos en el marco eran parte de una «maniobra que tiene detrás un gran negocio inmobiliario». Señalaron que ninguna de las dos familias involucradas, Ullua y Caro, había agotado las instancias previas de su reclamo. Incluso, mencionaron que una de ellas solo tenía un trámite administrativo en curso y había sido convocada por el propio municipio para formar parte del acuerdo, encontrándose en etapas iniciales de su demanda.
Ambos concejales calificaron las acciones llevadas adelante por el oficialismo y sus aliados en el Concejo Deliberante como «escandalosas». Vale recordar que se estarían entregando 462 hectáreas del Puerto San Antonio Este a la familia Velázquez-Rojas (con sentencia judicial), 450 hectáreas a la familia Ullua (en proceso de apelación judicial) y 230 hectáreas a la familia Caro, todas ubicadas en zonas con frente al mar, de gran potencial turístico y con un valor económico incalculable.
Los concejales explicaron que la familia Ullua tiene antecedentes de rechazo por parte de la justicia, mientras que la familia Caro solo ha realizado una presentación administrativa ante la municipalidad. Argumentaron que estas acciones podrían no ser legales. En este sentido, el concejal Rodríguez afirmó haber dejado constancia de posibles acciones legales contra sus pares y el ejecutivo, además de asegurar que la entrega de las tierras sin costo constituye «un despojo al erario público».
El presidente de la bancada de JSRN, Daniel López, aclaró que esta medida se adoptó para evitar posibles perjuicios judiciales en el futuro. Asimismo, subrayó que el acuerdo aún debe ser homologado por la justicia y que esto representa solo un paso más en la solución de un problema que arrastra años de controversia.
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