Tras 43 días de espera, la Secretaria de Hacienda junto a la Contadora Municipal respondieron finalmente al pedido de informes solicitado por vecinos sobre la utilización de fondos provenientes de la tasa destinada al Plan de Zoonosis y Guardia Canina.
La vecina Gabriela Latorre, una de las impulsoras del reclamo, explicó que la respuesta fue recibida esta semana y posteriormente discutida en una reunión mantenida con concejales, aunque dejó más dudas que certezas.
“Esta ordenanza nació con un espíritu solidario, para garantizar el control poblacional de perros y gatos, pero hoy los recursos se destinan casi en su totalidad a pagar sueldos, lo que deja un fondo muy limitado para otras acciones”, expresó Latorre. Según detalló, actualmente entre nueve y diez salarios se financian con esta partida, lo que a su criterio distorsiona el objetivo original.
La Secretaría de Hacienda fundamentó su postura en los artículos 1 y 21 de la normativa, que habilitan la creación de la Dirección de Inspección General y el financiamiento de personal necesario para su funcionamiento. Sin embargo, para Latorre y otros vecinos, esta interpretación es reciente y comenzó a aplicarse en 2022, cuando se empezó a destinar la tasa al pago de haberes.
“Nosotros creemos que la ordenanza no se creó para sostener exclusivamente salarios, sino para garantizar castraciones y campañas efectivas de control poblacional. Hoy el plan es pobre y los resultados lo demuestran”, afirmó.
En la reunión, convocada por el concejal Guillermo Mach, también participó el exfuncionario Joaquín Landívar, quien recordó que durante su gestión al frente de Zoonosis se realizaron hasta 4.000 castraciones anuales, con un promedio de 320 mensuales. “Eso hoy está muy lejos de cumplirse”, lamentó Latorre, señalando que el actual esquema muestra “una merma notoria en los objetivos”.
La vecina cuestionó con dureza la falta de posicionamiento de algunos concejales. “Si nosotros no gestionamos la reunión, no se realiza. Los concejales deberían defender las ordenanzas, pero no tienen respuestas claras ni concretas”, sostuvo.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, los vecinos evalúan recurrir a la justicia. “Ya estamos en diálogo con abogadas para definir el formato del reclamo. Lo que buscamos es que sea la justicia la que determine si esta interpretación de la ordenanza es válida y que se investigue el manejo de los fondos”, confirmó Latorre.
“Nosotros vamos a seguir defendiendo este tema desde el lugar que sea necesario. No es una lucha menor, porque se trata de una ordenanza construida con esfuerzo comunitario y que hoy se está desvirtuando”, concluyó Latorre.
