El secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Juan Ortiz, se refirió a la incertidumbre que rodea a la posible reapertura de la planta pesquera Río Salado y aseguró que el gremio no posee información oficial sobre el proyecto, ni contacto alguno con eventuales inversores.
Además, cuestionó la falta de intervención del Estado provincial y municipal para atender la situación de los extrabajadores, muchos de ellos aún a la espera del cobro de deudas e indemnizaciones.
Ortiz recordó que la empresa dejó de operar en San Antonio Oeste tras despedir a su personal “sin causa”, generando una fuerte ruptura en las relaciones laborales y llevando a los trabajadores a iniciar acciones judiciales. “Las relaciones se cortaron cuando despidió a los trabajadores sin causa. El abogado está llevando adelante la demanda para poder cobrar la deuda que tienen los trabajadores”, explicó, en referencia al representante legal Gastón Surache, de Viedma. “La demanda está hecha y va muy bien, pero la justicia laboral tarda; hay que tener paciencia”, agregó.
Consultado por la eventual reactivación de la planta, el dirigente fue tajante: “No tenemos ningún contacto con nadie. Si hay algún nuevo inversor, alguien interesado en volver a operar, no te puedo decir nada. Deberían preguntarle a los funcionarios provinciales, pero tampoco saben nada”. Según indicó, una comisión de trabajadores desocupados consultó recientemente en Provincia y les respondieron que no tenían novedades.
Ortiz señaló que sí mantuvo diálogos previos con personas vinculadas a grupos de inversores, quienes le aseguraron que “trabajarían con la misma metodología que antes, trayendo pescado de afuera si no hay en el golfo”. Sin embargo, dijo desconocer si el proyecto contempla trabajo registrado o cooperativa. “No me lo dijo. Está haciendo trámites, pero está complicado por la burocracia”, comentó.
Fue categórico al rechazar cualquier modalidad que no garantice derechos laborales: “Siempre estamos con el trabajo registrado. La cooperativa es esclavizar a los trabajadores, precarizarlos sin ningún tipo de derecho. Nosotros rechazamos ese modelo, pero la provincia se hace la distraída porque hoy tiene trabajando cooperativas. Ya sabemos cuál es el modelo que pretende”.
El sindicalista también se refirió a las asistencias económicas prometidas a los extrabajadores de Río Salado, anunciadas antes de las elecciones provinciales. “El gobernador había autorizado dos asistencias más. Una la pagaron el 17 de octubre y ahora tendría que estar pagándose la otra”, explicó.
Ortiz aseguró que envió mensajes a la actual secretaria de Gobierno –ex secretaria de Pesca– pero no obtuvo respuesta. “Algunas mujeres averiguaron y dicen que no saben nada. Pero yo tengo el audio donde ella misma comunicó que quedaban dos asistencias por orden del gobernador. Espero que la puedan acreditar en las próximas horas”, reclamó.
Ortiz también criticó la falta de políticas para generar empleo en el sector pesquero. “La actividad industrial está mal. No hay nada. Nadie hace nada para que la gente pueda volver a trabajar”, lamentó.
Cuestionó que, pese a la emergencia pesquera, el Consejo Federal Pesquero otorgó cupos de merluza y langostino, pero “los trabajadores desocupados han visto pasar nada más, porque no hay nada de nada”. Indicó que solo la cooperativa 16 de Abril está operando con 900 toneladas de langostino y dijo desconocer si están capturando la merluza asignada.
Además denunció la exclusión de STIA y SOMU de espacios de decisión: “Últimamente no hemos sido invitados. Nos dejaron de lado por exigir trabajo registrado, control de la captura y revisiones de permisos. Miran para otro lado”.
