El concejal Alejandro Araño, del bloque vecinalista Compromiso Ciudadano se refirió al reciente proyecto del Ejecutivo para implementar nuevamente el estacionamiento medido y pago.
El edil opinó sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo para reinstalar el estacionamiento medido y pago. Araño fue categórico al rechazar un punto central del proyecto: la idea de otorgar una concesión por cinco años. “Es una locura. El intendente sufrió el problema de la concesión anterior, fue un clavo en el zapato. Y ahora parece querer dejarle otro clavo al gobierno que venga”, expresó.
Sostuvo que su bloque no busca “desfinanciar al Estado”, pero que cobrar estacionamiento sin brindar contraprestaciones es “un despropósito”. “No hay plan de ordenamiento vial, no hay señalización adecuada, los inspectores trabajan con poca información. El turista paga pero no recibe ningún servicio. Es cobrar por cobrar”, afirmó Araño, comparando la situación con la actividad de los “trapitos”.
Sugirió que, si se decide cobrar, debería hacerse solo en sectores específicos y con un destino claro de los fondos: “Si dijeran que el dinero se va a usar para mejorar accesos, semáforos o señalización, sería distinto. Pero hoy no existe una finalidad concreta”.
Respecto a los controles en las playas y la defensa del comercio local el edil sostuvo que desde su espacio mantuvieron “tres o cuatro reuniones” con el secretario de Comercio, Sebastián Senger, donde plantearon la necesidad de dar mayor preponderancia al trabajador y comerciante local, especialmente ante la llegada anticipada de turistas.
“Estamos en una situación económica compleja y debemos apuntalar al comercio local. Pero no es fácil: ya hay mucha gente llegando, algunos alojados en campings, y las playas vuelven a convertirse en zonas donde pasan cosas que no están buenas”, señaló Araño. En ese sentido, remarcó que en algunos sectores, como la primera bajada de Las Grutas, se produjeron episodios de violencia, ventas sin controles y “situaciones más cercanas a lo mafioso que a la actividad de vendedores”.
Araño relató que pidieron al secretario Senger implementar presencia estatal directa en la playa, a modo de campaña preventiva, para informar a turistas y vecinos sobre cuestiones bromatológicas, debido a la venta de alimentos sin controles que podría “poner en riesgo la salud de la gente”.
El concejal insistió en que el municipio debe “volver al eje original” y preservar al trabajador local, acompañándolo con la normativa vigente y controlando la competencia desleal. También mencionó la importancia de que los comerciantes contraten personal local y verificado, para evitar conflictos como los registrados en temporadas anteriores.
“En los últimos tiempos esto se transformó en un terreno de nadie. Si el Estado asume un control real, el privado será un aliado estratégico. Pero hoy cualquiera hace lo que quiere en los sectores de playa”, advirtió.
Araño anticipó que participaría de la comisión de Tierras para analizar una serie de expedientes particulares. Entre ellos, mencionó uno referido a pulperos, que se encuentra bajo consulta en el Consejo Asesor de Planificación debido a que el proyecto podría implicar la afectación de una calle pública, algo que —dijo— su bloque no acompaña.
