La justicia inició hace once años una causa procesal por estupefacientes a una pareja que residía entre Las Grutas y Viedma. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca decidió que había pasado un tiempo tan prolongado que tornaba injusto sostener en el proceso.
Ambos habían sufrido allanamientos en sus domicilios, el 13 de marzo de 2010, cuando personal de la Policía Federal de Viedma pidió autorización al Juzgado Federal para realizar el procedimiento a partir de la posible comisión de delitos vinculados al transporte de estupefacientes, con destino a la capital provincial.
En la pesquisa, los agentes federales hallaron cocaína y marihuana, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, además de otros elementos que acreditarían el vínculo con los delitos sospechados.
La policía secuestró más de tres mil pesos y unos mil dólares, varios teléfonos celulares y una balanza de precisión. Además, lograron detener ambas personas, quienes fueron procesadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Según se detalla en el expediente, el procesamiento quedó firme y recién en octubre de 2015 se ordenó la elevación a juicio de los acusados, no obstante, se concretó recién en noviembre de 2019. Así las cosas, el juicio todavía no se realizó y la defensa alegó que era un despropósito sostener una investigación de trámite irregular, pero de nula complejidad.
El tribunal determinó que la sencillez del caso y la escasa cantidad de droga secuestrada, no justificaba de manera alguna que la causa haya llegado a juicio once años después del hecho. Y por ello, en el entendimiento que la falta de resolución de la situación de los imputados en relación a la causa que se les seguía, afectaba seriamente el derecho de defensa, violando derechos y garantías de los imputados, consagrados en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales, pues tienen el derecho a que se resuelva su situación procesal en un tiempo oportuno.
Al mismo tiempo, sostuvo el tribunal, ello contribuiría a una más efectiva administración de justicia -la que debe procurar pronunciamientos justos y oportunos-, y estimó que correspondía declarar la extinción de la acción penal por violación del plazo y disponer el sobreseimiento definitivo de los imputados.
Señaló que, además de coincidir con el planteo de las partes, el retiro de acusación por parte de la fiscalía, que instó el sobreseimiento, tornaba obligatoria la solución, pues la persecución penal solo corresponde al Ministerio Público Fiscal.
En el mismo pronunciamiento, el tribunal ordenó la destrucción del estupefaciente incautado y de los otros elementos que permanecían secuestrados.
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