Parlamentarios del ejido sanantoniense expresaron su satisfacción por el fallo de la jueza nacional Moira Fullana, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, que suspendió provisionalmente los efectos de los artículos 2° y 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 340/2025.
La medida fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que argumentó que el decreto limitaba inconstitucionalmente el derecho a huelga y violaba normas laborales internacionales.
El DNU 340/2025, emitido por el Gobierno Nacional en mayo pasado, introdujo cambios significativos en el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional. Entre sus disposiciones, permitía que buques extranjeros obtuvieran matrícula nacional para operar en el cabotaje local, con tripulaciones compuestas en un 75% por argentinos o residentes, pero regidas por leyes laborales extranjeras. Además, eliminaba requisitos sindicales para la dotación de personal y declaraba servicio esencial a la navegación comercial, restringiendo el derecho a huelga al exigir un 75% de actividad normal durante conflictos laborales.
La CGT presentó un amparo judicial alegando que el decreto vulneraba el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan la libertad sindical. La jueza Fullana hizo lugar a la medida cautelar, destacando que el Congreso Nacional es el único órgano competente para legislar sobre estos temas, especialmente cuando las sesiones ordinarias están abiertas.
En su declaración, los legisladores respaldaron el fallo, subrayando la importancia de proteger los derechos laborales y sindicales. El proyecto fue impulsado por la legisladora Marcela Rossio, con el acompañamiento de Luis Noale y Fernando Frugoni.
Este fallo marca un nuevo capítulo en el debate entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos, mientras se espera una sentencia definitiva sobre la validez del DNU. La decisión judicial ha sido celebrada por los trabajadores, pero cuestionada por sectores que apoyan las reformas como un impulso necesario para la reactivación del transporte fluvial y marítimo.
