A través de un proyecto de ordenanza, Cipolletti se adhirió ayer a la Ley 5422 del Sistema Provincial de Protección Civil y Gestión integral del Riesgo, y de esta manera ya son 8 los municipios rionegrinos que hicieron lo propio.
La legislación, que fue creada en paralelo con la Ley Nacional para el Sistema Nacional de Protección Civil, plantea una estrategia de trabajo para las respuestas a las emergencias y para la gestión del riesgo, que no es exclusiva de una área de gobierno como es la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, sino que propone una tarea conjunta y fundamental entre todos los organismos de la provincia.
En este punto se incluye a ministerios, municipios, y fuerzas de seguridad, etc, para poder estar preparados ante determinadas situaciones o brindar una respuesta adecuada a una emergencia.
Por este motivo, desde Protección Civil provincial se está fomentando la adhesión de los municipios a la Ley para trabajar articuladamente los estamentos provinciales, nacionales y municipales.
Por el momento se encuentran adheridos Viedma, Dina Huapi, Bariloche, Cipolletti, Valcheta, Choele Choel, Allen y El Bolsón.
La adhesión de los municipios a la ley provincial tiene varias implicaciones y beneficios importantes que refieren a la coordinación y eficiencia, uniformidad en Protocolos, asignación de recursos y capacitación de personal, planificación y prevención, cumplimiento de normativas y mejora de la resiliencia comunitaria.
El secretario de Protección Civil, Adrián Iribarren, señaló que la ley es fundamental para cualquier municipio de la provincia ya que no se trata solamente de un marco legal: “Es una herramienta concreta para fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, promoviendo una gestión integral del riesgo que prioriza la seguridad de todos los vecinos”.
Un aspecto clave de la ley es que otorga un rol fundamental a las áreas municipales de Protección Civil, involucrándolas directamente en las reuniones con el gabinete municipal, posicionándolas en situaciones de emergencia y en todas las acciones de reducción de riesgos.
“No se trata solo de cumplir con una normativa, sino de construir comunidades más resilientes y seguras para todos. Es un paso clave para estar mejor preparados y dar respuesta cuando más se necesita”, resaltó Iribarren.
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