El bienestar económico de la diputada libertaria Lorena Villaverde le permitió frenar una nueva causa judicial en su contra relacionada con el loteo Tajamar de Las Grutas. Es el segundo juicio que resuelve de esta forma; esta vez, el acuerdo ascendió a 12 millones de pesos.
Este es el segundo caso en el fuero civil que la empresaria, ex candidata a intendente por San Antonio Oeste y ahora diputada nacional, solucionó mediante un arreglo económico. El juicio anterior se resolvió por dos millones menos.
Este nuevo acuerdo estipula que Villaverde pagará a la demandante dos cuotas de 6 millones de pesos cada una, acuerdo que fue homologado por la jueza Vanessa Kozaczuk, de San Antonio Oeste.
La diputada, y alfil político de Karina Milei en Río Negro, buscó una solución económica para evitar la prolongación de un conflicto que podría afectar aún más su imagen, de cara a las elecciones de medio término, donde pretende encabezar la lista de senadores de La Libertad Avanza.
La demandante señaló una serie de problemas derivados de una obra en el loteo Tajamar, ubicado en la entrada de Las Grutas. En el acuerdo, la demandante tiene la opción de retirar un techo que ya había construido en el terreno o recibir materiales de construcción por un monto equivalente.
La falta de habilitación municipal para lotear es el principal obstáculo para el desarrollo inmobiliario de Villaverde, ya que la zona está clasificada como rural y no tiene autorización para uso residencial.
Villaverde lanzó el loteo a precios accesibles. Sin embargo, no logró en ningún momento que el municipio de San Antonio reclasificara la zona.
La empresaria intentó justificar las demoras en el desarrollo del proyecto atribuyéndolas a la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19, mientras seguían las negociaciones para obtener los permisos, que finalmente no se lograron.
Las demandas en el fuero civil no son las únicas que enfrenta la libertaria; también se suma una causa penal por estafa y defraudación durante su mandato como presidenta del Club Las Grutas. Villaverde vendió una rifa en la que se sorteaba un terreno sin tener autorización de la Lotería de Río Negro, y además no entregó el lote al ganador. Esta investigación sigue su curso en la Fiscalía de San Antonio.