La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció hoy que la próxima semana se restablecerán «todas aquellas pensiones» a personas con discapacidad que hayan sido suspendidas «por error de aplicación de criterio».
En medio de la polémica por el recorte de este subsidio y luego de que la Justicia dictara varios fallos a favor de los beneficiarios, la funcionaria nacional aclaró que las pensiones se «van a estar restableciendo la semana que viene» y pidió «tranquilidad» a los afectados.
«Las familias que reciben una pensión por discapacidad la seguirán cobrando», subrayó Stanley en un comunicado. A la vez, cuestionó la «utilización política de este tema por parte de mafias que lucran con el clientelismo» y agregó: «Lo primero que queremos es transmitir tranquilidad al respecto y que hay un millón y medio de familias que reciben una pensión en la Argentina y que la van a seguir cobrando».
Tras la fuerte polémica que generó la medida del Gobierno nacional, que este jueves derivó en una movilización en rechazo en el Obelisco, el Ministerio anunció que dará marcha atrás con la quita de parte de los subsidios, aunque no dio detalles de cómo será el mecanismo para determinar qué pensiones se cortaron por «error».
Antes de la confirmación oficial, la diputada socialista y vicepresidenta de la comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Gabriela Troiano, afirmó que Stanley le había asegurado que las pensiones se restablecerían y se derogaría el decreto 432, que había sido firmado en 1997 por el expresidente Carlos Menem para recrudecer los controles a los beneficiarios.
«Aparentemente, lo que se está informando a las personas desde Anses, sobre que llamen a partir del mes de agosto, no es una versión oficial, así que para trasmitir a todas las personas con discapacidad que hayan sufrido la quita de la pensión, que (Stanley) volvió ratificar el compromiso de restituir y derogar el decreto 432 para las personas con discapacidad», subrayó Troiano.
En un comunicado, la socialista destacó que «ya existen varios fallos en Neuquen, Río Negro y Mar del Plata, donde la Justicia fue en contra del decreto aplicado».
«Es importante hacer el diagnóstico psicosocial para ver la real situación de las personas con discapacidad que reciben la pensión, que no tienen trabajo y que el Estado no se preocupa por cumplir con el cupo del 4% de personas con discapacidad», aseguró la legisladora.
La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar que interpuso el diputado nacional del Frente para la Victoria Martín Doñate en defensa de Miguel Bravo, un vecino de Valle Medio, Río Negro. «La suspensión fue compulsiva, por una vía de hecho sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni notificación o fundamentación, y ha impactado en cientos de rionegrinos que están desesperados porque eran lo poco que tenían para poder comer, comprar medicamentos, pagar un alquiler, para poder vivir», señaló Doñate.
En ese caso, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que deje de inmediato sin efecto la suspensión del beneficio de Bravo y continúe con su regular pago.