Los cheques de Cristóbal López, en realidad los de algunas de sus empresas, queman por estos días en las manos de decenas de proveedores que financiaron obras y servicios a las empresas del magnate patagónico y que temen perder todo lo que ya pagaron de su bolsillo. Solo basta recordar que algunas de las empresas alcanzadas por el embargo librado por el Juez Julián Ercolini operan en la región, como Alcalis de la Patagonia, la petrolera Oil, y Desarrolladora NQN. Muchas pagaron a sus proveedores con cheques del Banco Finansur, también alcanzado por las inhibiciones judiciales por formar parte del Grupo Indalo.
De un día para otro esos valores comenzaron a quemar en las manos de empresarios de Neuquén y Río Negro que intentaron realizar algunas maniobras para desprenderse de ellos. Una de las herramientas adoptadas fue la sesión de esos valores a algunos de sus proveedores habituales. Pero los proveedores al chequear con los bancos, fueron rechazando esas operaciones.
Los cheques, si se los somete a verificación por los sistemas ordinarios (Veraz), no tienen problemas, pero como confirmó una fuente bancaria, ya circulan algunas directivas en las sucursales de la región donde se le pide a los empleados mantener especial cuidado con los cheques provenientes de algunas de las empresas de López y no tomar los que vienen del banco Finansur.
De este modo, están en serios apuros pequeñas y medianas empresas de la región, que realizaron obras, pagaron mano de obra e insumos de sus bolsillo, y ahora tienen en sus manos cheques que no pueden hacer correr.
De ALPAT salen los alquileres de las oficinas de López
El pago del alquiler lo realiza, tal como informó Clarín, a través de la empresa Alcalis de la Patagonia (los últimos cheques de junio fueron por $ 139.146 y $ 126.638). Se alquila en Madero Center, a la empresa Inmobiliaria Los Sauces SA, cuyo propietario es Máximo Kirchner.
La deuda impositiva por la cual son investigados López y su socio Fabián de De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles percibía pero no descargaba luego en la AFIP. Se estima que por esta modalidad se evadieron 8.000 millones de pesos en tributos federales.
El fallo dispone “la inhibición general de bienes de Cristóbal Manuel López (citado a indagatoria para los primeros días de agosto) y Carlos Fabián de Souza , como así también de todas las personas jurídicas que componen el grupo ‘Indalo’”, estas son: Alcalis de la Patagonia S.A., Argentina Corre S.A., Consulplan S.A., CPC S.A., CV1 Concesionario Vial S.A., Desarrollo Electrónicos Informáticos S.A. (D.E.I.S.A.), DH Com S.A., Establecimiento Santa Elena S.A., Esluvial S.A., Ganadera Santa Elena S.R.L., Gestiones Tallion Arg. S.A., Ideas del Sur S.A.,IGD S.A., Imagen Radial S.A., Indalo Inversiones de Argentina S.A., Inverco del Cono Sur S.A., Inversora M&S S.A, La Salamandra S.A., M&S Consulting S.A., Oil Combustibles S.A., Oil Construcciones S.A., Oil M&S S.A., PAQARIY S.A., Parador Diez S.A, Paraná Metal S.A., Petrolera Cerro Negro S.A., Promet S.A., Radio Productora 2000 S.A., Serma S.A., South Media Investments S.A., South Mineral S.A., Urbanizadora Gea S.A., Telepiu S.A. y Votionis S.A.
Fuentes: ADN – Clarin.com – La Nación – AFIP
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