La norma estipula que la Provincia percibirá hasta un 5% de canon por ser la dueña del recurso.
El Legislador de San Antonio Oeste, Luis Noale, destacó el espíritu federalista del Gobierno de Río Negro y del parlamento aprobando la normativa que establece en la regulación un canon por el uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica.
La iniciativa, largamente esperada por los habitantes de la región, surge como respuesta a décadas de concesiones otorgadas a empresas hidroeléctricas que explotaban los recursos hídricos sin compensación adecuada para las provincias proveedoras. Destacó que la utilización de agua se paga para cualquier actividad productiva, ya sea riego, minería, ganadería, pero no pasaba lo mismo con la generación de energía.
El legislador Noale destacó la importancia de esta ley, que busca garantizar una justa compensación por el uso del agua, un recurso vital para la generación de energía hidroeléctrica. Noale subrayó que la Patagonia aporta el 25% de la energía generada en el país a través de represas, pero hasta ahora no recibía una compensación justa por ello.
«Es momento de hacer valer nuestros recursos», afirmó Noale, señalando que la ley establece un sistema de regalías por el uso del agua, con un 20% destinado directamente a los municipios para proyectos específicos relacionados obras de saneamiento.
La nueva normativa también contempla la defensa de los proyectos turísticos y ambientales de la región, reconociendo la importancia de los recursos naturales de la Patagonia, que no solo son vitales para la generación de energía, sino también para la pesca y el turismo.
«Este es un paso crucial en la protección y valoración de nuestros recursos», enfatizó Noale. «Durante demasiado tiempo, nuestras provincias han sido explotadas sin recibir una compensación justa. Esta ley garantiza que seamos reconocidos y compensados por el uso de nuestros recursos hídricos».
La aprobación de esta ley marca un hito en la historia legislativa provinciales, demostrando el compromiso del gobierno y el parlamento con la equidad y la protección del medio ambiente en las regiones productoras de recursos naturales.