Proponen una modificación en la ordenanza que establece sanciones para quienes arrojan residuos en espacios públicos y privados de la ciudad. Esta normativa, en vigor desde hace casi una década, impone fuertes sanciones económicas y administrativas a quienes cometan este tipo de infracciones, castigando a los infractores con el fin de preservar la limpieza y el cuidado del entorno.
La iniciativa, impulsada por el concejal Fabrio Mirano de JSRN, propone destinar el 50% de los ingresos generados por estas multas al área de asistencia social en salud, y el otro 50% a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La asignación a salud permitirá financiar tratamientos médicos, pasajes y demás necesidades que surjan en relación con la atención sanitaria de la comunidad. En cuanto al área de ambiente, los fondos se orientarán a proyectos de remediación y desarrollo sustentable.
La ordenanza establece que quienes arrojen basura en espacios públicos, privados, zonas verdes, costeras, rutas, caminos y accesos serán multados con una sanción de 45 USAM. Además, estos infractores quedarán inhabilitados de realizar trámites municipales hasta haber abonado la multa y podrán enfrentar recargos en sus tasas municipales si no cumplen con la sanción en el tiempo estipulado.
La sociedad respalda esta normativa, demandando que se tomen medidas concretas contra quienes ensucian la ciudad. Esta modificación busca no solo reforzar las sanciones, sino también canalizar los recursos hacia áreas clave como la salud pública y la sostenibilidad ambiental, respondiendo así a una necesidad urgente de mayor concienciación y compromiso con el medio ambiente.