El legislador Luis Noale, con el acompañamiento pleno del bloque del Frente de Todos, propuso declarar la emergencia en la actividad pesquera del litoral marítimo provincial, debido a la grave crisis que atraviesa el sector.
Con el objeto de resguardar las fuentes de trabajo tanto en el ámbito artesanal como industrial y proteger la continuidad del funcionamiento de las empresas radicadas en San Antonio Oeste y Sierra Grande, Noale presentó una iniciativa que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a adoptar las medidas necesarias para superar la compleja situación de la actividad pesquera.
Además, se autoriza a disponer prórrogas en el vencimiento de impuestos provinciales, elaboración de planes de regularización de obligaciones tributarias, suspensión de ejecuciones, otorgamiento de líneas de crédito en condiciones diferenciales, subsidios y aportes directos.
También se habilita la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021 del pago de la cuota de tasa extractiva y se recomienda la afectación inmediata de los fondos coparticipables del Fondo Nacional Pesquero (FO.NA.PE.) para aliviar la crisis del sector.
La pandemia provocó una fuerte disminución de los precios de la producción destinada a la exportación y generó la reducción de la flota pesquera, lo que redunda en menor actividad en la totalidad de la cadena productiva. Esto se sumó a las bajas muy importantes en las toneladas afectadas al mercado nacional y al internacional.
Los trabajadores de la industria de la Alimentación que desempeñan sus tareas en las empresas pesqueras de la zona atraviesan una delicada situación causada por la disminución de materia prima a pesar de que la actividad quedó exceptuada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por las autoridades gubernamentales.
Al sector empresarial se le hace muy complejo abonar las quincenas, en tiempo y forma, respetando los aumentos establecidos por Decreto 14/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, sino recibe para ello el auxilio crediticio del Estado.
Por ello, se necesita que el Poder Ejecutivo, junto a los actores relacionados con la pesca, planifique políticas que protejan la actividad del sector ante la vulnerabilidad económica mundial.