El gobierno elevó a la Legislatura el proyecto para aprobar la adenda del Pacto Fiscal. La iniciativa prevé, entre otras cosas, que la totalidad de los empleados públicos los funcionarios y legisladores comenzarán a pagar Impuesto a las Ganancias.
En función del acuerdo suscripto con el gobierno nacional, la norma debía regir a partir del 1 de enero de este año, pero el Ejecutivo recién envió el proyecto (con Acuerdo de Ministros) esta semana.
La adenda busca alcanzar el tan publicitado “equilibrio fiscal en las provincias”, y con ese objetivo compromete a los Estados a adoptar una serie de medidas recaudatorias. Principalmente, en Río Negro se deberá comenzar con la universalización de los descuentos por el Impuesto a las Ganancias para funcionarios, legisladores y trabajadores estatales, reveló En Estos Días.
Actualmente, diversos sectores se ven beneficiados con resoluciones o acuerdos específicos que disminuyen la base de cálculo para la aplicación de ese Impuesto. Por caso, el sector de profesionales de la Salud logró que no se compute para el descuento un plus vinculado con cargos extras.
También los funcionarios del Ejecutivo y los legisladores hoy se ven beneficiados por la no aplicación plena en el pago de Ganancias, gracias a una resolución del año 2013, cuyos alcances no se conocen.
Ahora, el artículo 1 del proyecto remitida por el Gobierno a la Legislatura, establece: “Derogar a partir del 1 de enero de 2019, toda disposición mediante la que se establezca la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del Impuesto a las Ganancias; excepto las establecidas en la ley del impuesto a las ganancias u otras leyes nacionales”.
Pero además, se pide la eliminación de cualquier tipo de pagos a funcionarios y trabajadores en concepto de viáticos, movilidad, bonificación especial o funcional, responsabilidad jerárquica, dedicación, desarraigo, entre otros.
Las empresas del Estado también estarán alcanzadas por la futua Ley. En tanto el Poder Judicial realiza actualmente la deducción del impuesto a los funcionarios y trabajadores que ingresaron a partir del 2017, en función de lo establecido en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El consenso o pacto fiscal fue refrendado en 2016 por 22 provincias, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Ese mismo año fue aprobada la adhesión por la Legislatura rionegrina.
En septiembre de 2018 se pactó la adenda, que ahora ingresó al Parlamento provincial para su aprobación.
Entre los argumentos del acuerdo suscripto por las Provincias y Nación se plantea que “a partir del segundo trimestre de 2018 se presentaron nuevas circunstancias en el contexto internacional, con una mayor volatilidad en los mercados financieros, que hicieron necesario adoptar medidas para acelerar la consolidación fiscal”. El texto evita referirse al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las obligaciones de pago que derivan de esa política.
El proyecto aún debeser analizado en las Comisiones, donde los responsables del Ministerio de Economía brindarán información sobre la masa de dinero que representa, el impacto directo en el bolsillo de los trabajadores, y cuál es el régimen especial para la región Patagónica. Podría ser tratado en la sesión legislativa pautada para el próximo 6 de junio. (ADN)
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