Por S. Graciela Landriscini (*) En la crisis de los años 30 del siglo XX y en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Estados fortalecieron sus atribuciones y enfrentaron los escenarios de excepcionalidad con acciones centradas en la preservación de la unidad nacional y la recuperación de la vida de su población afectada por enfermedad, muerte, destrucción de infraestructura y de cadenas de producción, de iliquidez, desabastecimiento, hambre y destierro.Otorgaron prioridad a las necesidades nacionales, a promover sus recursos, a recuperar los sistemas públicos y a proteger sus economías.
Hoy Argentina enfrenta dos guerras al mismo tiempo, la lucha contra un virus en situación de pandemia, con la necesidad de atender las prioridades nacionales de salud y bienestar, y el endeudamiento interno y externo que no sirvió para el crecimiento ni el desarrollo económico y social, sino para la fuga de divisas, el vaciamiento del ahorro nacional y el enriquecimiento de intermediarios y sectores financieros asociados a la usura y no a la reproducción de empresas y trabajo. Queda configurado así un escenario de excepcionalidad, propio de los ciclos de guerra.
En este contexto, tenemos dos ejes rectores que inspiran las políticas gubernamentales. En primer lugar, enfrentar la emergencia por la pandemia. Segundo, afrontar la restricción externa y la desarticulación del aparato productivo provocado por las políticas neoliberales durante los últimos cuatro años. Las mismas se tradujeron en apertura y liberalización financiera, la cual promovió los negocios especulativos y garantizó la renta de los grandes agentes financieros nacionales y extranjeros, más la fuga de divisas. Producto de esas políticas, se transfirieron hacia ellos enormes volúmenes de riqueza social en pagos de tarifas dolarizadas de los servicios públicos y en insostenibles tasas de interés por letras, bonos y créditos, al mismo tiempo que caía el empleo y los salarios nominales y reales. La baja de las retenciones y de los impuestos patrimoniales trajo consigo el aumento del déficit fiscal asociado al endeudamiento interno y externo del sector público nacional y provincial, y con ello se multiplicaron devaluaciones de la moneda nacional. Estos mecanismos convertidos en círculo vicioso de recesión y endeudamiento dejaron exhausta a gran parte de la economía y, en particular, a los agentes económicos pequeños y medianos, a las cooperativas y a las familias y organizaciones comunitarias.
También quedaron gravemente debilitadas las instituciones de la seguridad social, la salud y la educación. Este fue el resultado que impuso un régimen de economía centrada en los ajustes por inflación, en la desregulación de mercados, la apertura de importaciones y la acumulación financiera a costa del trabajo y la producción, que avaló la convivencia del endeudamiento público con la fuga de divisas y la dolarización de distintas transacciones económicas, forzando espirales de endeudamiento insostenibles.
En estas circunstancias, el Estado posee las atribuciones que le otorga el Art. 4 de la Constitución Nacional de obtener recursos tributarios con la premisa de la equidad y la proporcionalidad como criterio rector.
Del mismo modo, se gestiona postergar los pagos del endeudamiento con bonistas privados bajo legislación nacional y extranjera, y con el FMI por préstamos que son los más grandes de la historia del organismo.
La hora lo amerita. Cabe aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, a los bienes personales no declarados, a los activos externos rodeados de opacidad en cuanto a la registración y a una porción de los declarados, a fin de obtener los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, proteger a la población, redistribuir y reasignar recursos públicos según prioridades sociales, económicas y ambientales.
Permitirá también cumplir en plazos y condiciones posibles con los pagos por deuda, previa investigación del origen y responsables de dichos compromisos externos. Tal investigación deberá definir lo legal y lo ilegal de los procesos de endeudamiento y permitirá penalizar las situaciones irregulares y concertar cómo destinar los recursos obtenidos que, en una primera estimación, pueden oscilar según las alternativas de alícuotas y segmentos de contribuyentes entre los u$s 1.200 y los 4.000 millones.
Los cálculos más ajustados de la imposición sobre los activos externos y sobre las grandes fortunas que ha de definir el Congreso Nacional, indican que la misma ha de permitir saldar la deuda social acumulada, reactivar la economía y abrir las puertas al futuro y a las nuevas generaciones. Es la hora de enfrentar estos dilemas con coraje, con responsabilidad y con la fuerza política que emane de acuerdos intersectoriales e intergubernamentales.
Habrá que librar la batalla por la reducción de la desigualdad que frena cualquier desarrollo: las deudas con pagos en plazos, niveles y modos sostenibles, y la opción por la captación de fondos para la recuperación y el desarrollo, que provengan de contribuciones extraordinarias impuestas sobrelos patrimonios internos y externos que constituyen fortunas, y el uso de los mismosbajo control social con fines centrados en la equidad.
(*) Economista. Diputada Nacional por el Frente de Todos