La concejal de Compromiso Ciudadano en San Antonio Oeste, Jovita González, expresó su preocupación por la situación de los pasivos ambientales vinculados a un sector donde se proyecta un loteo y cuestionó la falta de respuestas oficiales a los pedidos de informes presentados oportunamente por su bloque en el Concejo Deliberante.
Según explicó la edil, entre los puntos solicitados se encontraba información relacionada con el relleno de escombros y calizas en una zona que, según recordó, habría sido ganada al mar. En ese sentido, indicó que el pedido apuntaba a conocer la factibilidad del proyecto, los permisos otorgados y los criterios ambientales que se tuvieron en cuenta en su momento.
“Lo que pedíamos era la factibilidad, los permisos otorgados y los criterios ambientales considerados, además del estudio de impacto ambiental. Todo para poner atención a una situación que podía suceder”, señaló González. La concejal sostuvo que, con el paso del tiempo, algunas de las preocupaciones planteadas por su espacio político parecen haberse confirmado.
“Lamentablemente no nos equivocamos. A veces uno preferiría estar equivocado, pero la realidad nos muestra que nuestras dudas no estaban tan erradas”, afirmó.
González recordó que desde el bloque solicitaron documentación vinculada al estudio de impacto ambiental, la planificación del sector y el manejo de los pasivos ambientales, pero aseguró que esos requerimientos no obtuvieron respuesta.
En ese marco, planteó que la intención del pedido de informes no era obstaculizar proyectos sino acompañar el desarrollo urbano con la información necesaria. “Cuando pedimos información es para acompañar el desarrollo de nuestra comunidad. Si hay que prever algo o insistir en algún reacondicionamiento o tarea necesaria, somos los primeros en acompañar para que las cosas salgan bien”, explicó.
También mencionó que varios vecinos y trabajadores consultaron sobre la situación de los lotes, algunos de los cuales —según indicó— fueron adjudicados a integrantes de distintos gremios. “La idea siempre fue que se hiciera de la mejor manera posible, con todas las dudas evacuadas”, agregó.
La concejal adelantó que buscarán avanzar inicialmente por la vía del diálogo con el Ejecutivo municipal para analizar la situación y conocer las propuestas de solución. En ese sentido, indicó que existe una reunión pendiente con el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Christian Berbel, en la que esperan abordar la problemática.
“Vamos a ir primero por la vía más conciliatoria, buscando el diálogo para ver cómo resolver esto. Queremos saber si esa zona es realmente factible o si requiere obras o intervenciones adicionales”, sostuvo.
No obstante, anticipó que también podrían reiterar los pedidos de informes formales. “Solicitar información pública es algo que hacemos siempre para poder evaluar la
Pedido de expediente por acusaciones cruzadas
En otro tramo de sus declaraciones, González hizo referencia a una reunión plenaria del Concejo en la que participó un empresario interesado en reactivar la planta procesadora de Río Salado. Según relató, en ese encuentro se produjeron acusaciones cruzadas entre distintas partes involucradas.
“La situación fue muy incómoda y grave desde el punto de vista institucional, porque hubo muchos dichos de los cuales no tenemos ninguna documentación que los respalde”, manifestó.
A raíz de ello, el bloque de Compromiso Ciudadano presentó un proyecto de comunicación para que se conforme un expediente formal que reúna toda la documentación relacionada con el caso.
El planteo incluye recopilar antecedentes de la empresa, la situación laboral de los trabajadores y determinar si existieron denuncias formales por parte de alguno de los actores involucrados. “La idea es darle seriedad a lo ocurrido. No puede quedar como que cualquiera puede ir a una reunión, hacer acusaciones y que después no haya ningún respaldo documental”, explicó.
Más allá de las discusiones institucionales, González subrayó que la mayor preocupación está centrada en la situación de los trabajadores vinculados a la planta.
Según detalló, dentro del grupo existen posiciones diferentes: algunos ex empleados desean que una nueva empresa pueda instalarse y reactivar la actividad, mientras que otros consideran que no debería avanzar ningún proyecto hasta que se cancelen las deudas pendientes. “Entiendo las dos posiciones. Hay quienes quieren volver a trabajar si se instala una nueva empresa, y también quienes plantean que primero deben pagarse las deudas. Es una situación compleja”, concluyó.
La concejal reiteró que el objetivo del bloque es contribuir a encontrar una solución que contemple tanto la situación ambiental del sector como la realidad social y laboral de los trabajadores de la ciudad.
