La Patagonia, con su extenso y rico territorio, sigue siendo un símbolo de saqueo. Ahora como antes, por proyectos que buscan el control de la tierra y los bienes comunes.
Extranjerización, concentración y acaparamiento de tierras, avance de proyectos megamineros, despojo a comunidades originarias, proyectos hidroeléctricos, apropiación de espacios públicos como son las costas de ríos y lagos, explotación de petróleo y gas con Fracking, es parte de una lista que refleja, por un lado, la abundancia de bienes naturales comunes estratégicos para nuestro país, y por otro, la voracidad de los intereses empresariales, en mayor parte extranjeros- sobre el mismo territorio.
Extranjerización
Bennetton (casi 1 millón de has), Joe Lewis (12 mil has en zona de seguridad de frontera, más el lago Escondido), Turner (55 mil has), el grupo Burco (varias has en las naciones de los ríos Carreras y Chubut) y ahora el Emir de Qatar con sus 28 mil has, son solo una escueta enumeración.
La devaluación del peso después de la crisis de 2002, abarató el valor de la tierra para inversores extranjeros, lo que resulto beneficioso a quienes miraron con entusiasmo la Patagonia. ¿Qué pasará en el escenario económico actual?
La ley 26.737 estableció el régimen de protección al dominio nacional sobre las tierras rurales, imponiendo restricciones al capital foráneo. Según los datos del último relevamiento de tierras rurales del año 2013, hay 6,09% de la superficie total en manos de extranjeros, más de un millón de las cuales corresponden a empresas radicadas en paraísos fiscales. Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Andorra, Liechtenstein y la República Oriental del Uruguay cobijan compañías que en Argentina poseen 1.113.654,85 hectáreas, es igual a 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.[1]
En este contexto, resulta extremadamente grave la flexibilización de las normas nacionales que hasta hace poco aseguraban cierto control del Estado ante la avidez de las inversiones extranjeras en tierras patagónicas. Hace escasos días, Cambiemos ingreso al Senado una modificación de la ley que abre la posibilidad de compra extranjera e incluso, flexibiliza el acceso a cursos y espejos de agua. El decreto macrista820/2016 ya había arrasado algunos puntos principales de la ley.
La flexibilización
Veamos puntos de la ley flexible que se propone.
– Su aplicación se refiere solo a “todo predio ubicado fuera de los ejidos urbanos, en zonificación declarada como productiva o de servicios por las autoridades locales” (art. 2). Cuando no se trate de una zona “productiva o de servicios”, dicha tierra no será abarcada por la ley.
– Elimina el requisito de obligación de informar la modificación del paquete accionario de una empresa que adquiera tierras rurales.
– cuando una operación incumpla la ley, simplemente se torna “anulable”, por lo que se la puede convalidar abonando una multa de entre el 10 y el 20% del monto de la operación.
– elimina el límite del 15% para que los extranjeros adquieran tierras rurales, tanto a nivel nacional como en cada provincia. Se limita a explicar que no pueden ser titulares de tierras rurales “los estados o las personas de derecho públicas extranjeras”.
– habilita comprar más de mil has a entidades extranjeras cuando “posea antecedentes relevantes en esa actividad, no perciba subsidios por parte de un estado extranjero, la inversión prevista mejore la productividad, genere directa o indirectamente empleos; o cuando el proyecto colabore en la “protección del medio ambiente y la biodiversidad”, es decir que habilita excepciones cuando los que compran sean empresarios “verdes” o se vendan como conservacionistas.
– permite que los dueños de inmuebles accedan a poseer las riberas de ríos y lagos “previa autorización de la Autoridad de Aplicación y del Comité Hídrico Federal (COHIFE)”. Es decir, deja en manos de funcionarios estas autorizaciones. Una barbaridad.
– permite abiertamente la venta a extranjeros cuando “sea previamente autorizado por la Autoridad de Aplicación…”, es decir, alta productividad, generación de empleos, protección de biodiversidad, etc., por lo que la aplicación de leyes de “Zona de seguridad de fronteras” cae definitivamente en este caso.
La entrega
El momento en el que se plantea esta propuesta es extremadamente crítico. El gobierno nacional está profundizando en un ajuste a medida del requerimiento del Fondo Monetario Internacional; se producen tarifazos que benefician a empresas foráneas; se abren las importaciones que aniquilan la producción nacional;se desindustrializa el país; se recortan fondos en educación, obras públicas, salarios, jubilaciones, asignaciones; se “desmalviniza” al país; se devalúa la moneda nacional yse ablandan normas que permiten la compra extranjera de nuestra tierra. Esto se trata de la entrega escandalosa de nuestro territorio, y con ello, la soberanía nacional.
