La legisladora Ayelén Spósito, junto al resto del bloque Vamos con Todos e integrantes de PJ Nuevo Encuentro pidió informes al Ministerio de Educación.
La grave denuncia contra un docente de una escuela de San Antonio Oeste y la posterior reacción de padres, madres y familiares de las niñas presuntamente abusadas por el acusado, que conmocionó a esa localidad, generaron la preocupación de la legisladora del bloque Vamos con Todos, Ayelén Spósito quien elevó un pedido de informes al Ministerio de Educación para indagar sobre las medidas y protocolos vigentes en la intervención institucional en ese tipo de casos.
Acompañada por sus pares José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, y los integrantes de la bancada PJ – Nuevo Encuentro, Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García, la legisladora solicitó información acerca de los dispositivos institucionales y protocolos implementados en las escuelas públicas de Río Negro. En particular, se busca saber cuáles son las prácticas y lineamientos pedagógicos utilizados para prevenir situaciones conflictivas y de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de garantizar que las escuelas se mantengan como espacios seguros.
Además, se incluye una solicitud de información sobre las funciones específicas del Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico (ETAP), su marco normativo, la cantidad de equipos técnicos existentes por coordinaciones escolares en la provincia, y el alcance de estos equipos en términos de escuelas y niveles educativos. Se requiere también un desglose de las disciplinas profesionales que integran cada equipo.
Asimismo, se demanda una descripción del procedimiento administrativo para la selección del personal que forma parte de los equipos técnicos de apoyo pedagógico y para la designación y puesta en funciones de los supervisores zonales de cada nivel educativo. Se solicita igualmente una explicación sobre el proceso de designación de los coordinadores regionales dependientes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
Finalmente, se requiere al Poder Ejecutivo la remisión de toda la documentación respaldatoria de la información solicitada, con el fin de asegurar una respuesta transparente y adecuada que refuerce la protección y el bienestar de los estudiantes. Este pedido de informes refleja el compromiso de la legisladora y de los firmantes con la protección de los derechos de los menores y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta en el sistema educativo provincial, como también garantizar la integridad y los derechos laborales de los trabajadores del sector.
