La actual diputada nacional por Río Negro y ex candidata a intendente por San Antonio Oeste, Lorena Villaverde, quedó en el centro de una fuerte controversia política y judicial tras conocerse que accedió a un préstamo hipotecario cercano a los 260 millones de pesos, otorgado por el Banco Nación. La situación derivó en la presentación de una denuncia penal impulsada por sectores de la oposición, que cuestionan la rapidez con la que se habría gestionado el crédito.
La acusación fue presentada por la diputada nacional Mónica Frade, quien solicitó que se investiguen las condiciones en las que Villaverde obtuvo el financiamiento, estimado en aproximadamente 218.000 dólares y destinado a la compra de una vivienda. El eje de la polémica no radica únicamente en el monto, sino en lo que la oposición califica como una “celeridad excepcional” en el otorgamiento del préstamo.
En la denuncia se plantea la posibilidad de un conflicto de intereses y la eventual existencia de tráfico de influencias. En ese sentido, se menciona la presunta intervención de altas autoridades del banco, incluyendo al ex presidente de la entidad, Daniel Tillard.
Desde el entorno de la legisladora y desde la propia entidad bancaria rechazaron categóricamente las acusaciones. La directora del Banco Nación, Carolina Píparo, sostuvo que el proceso de otorgamiento de créditos hipotecarios se realiza bajo un sistema “100% digital y trazable”, lo que —según afirmó— garantiza la transparencia y evita cualquier tipo de discrecionalidad.
Fuentes del banco señalaron además que a Villaverde se le aplicaron los mismos criterios que a cualquier solicitante, incluyendo la evaluación de su capacidad de pago y la relación entre cuota e ingresos. En ese marco, indicaron que sus haberes como diputada nacional le permiten cumplir con los requisitos exigidos para acceder al financiamiento.
La controversia escaló rápidamente en Río Negro, donde bloques opositores en la Legislatura provincial expresaron su rechazo y exigieron explicaciones públicas. Desde esos sectores remarcaron la desigualdad en el acceso a la vivienda: “Mientras miles de rionegrinos esperan años por una vivienda, una funcionaria del oficialismo accede a millones en tiempo récord”, manifestaron.
El caso también tuvo repercusión en el Congreso Nacional, donde se multiplicaron los pedidos de informes para determinar si otros funcionarios de la actual gestión pudieron haber accedido a créditos en condiciones similares o preferenciales.
Ahora será la Justicia la encargada de esclarecer si existieron irregularidades administrativas en el proceso o si, como sostienen desde el oficialismo, se trató de una operatoria bancaria estándar sin ningún tipo de intervención política. La investigación recién comienza y podría tener derivaciones tanto judiciales como políticas en el corto plazo.
