El Juzgado Federal de Viedma dictó una sentencia clave en la causa por la remediación ambiental en San Antonio Oeste, al disponer la desvinculación del Estado Nacional respecto del pasivo ambiental existente en la localidad. La resolución, conocida en las últimas horas, establece que la Nación ya no será responsable de continuar ni finalizar las tareas de saneamiento en los sectores que aún presentan contaminación.
El fallo marca un punto de inflexión en un proceso que se inició en 2018, cuando una multisectorial integrada por vecinos —respaldada por más de mil firmas— presentó un recurso de amparo exigiendo la remediación definitiva del área afectada por residuos de la antigua fundición de plomo. Desde entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, incluyendo la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2024 ordenó readecuar el tratamiento del caso al considerar que no existía cosa juzgada.
La reciente sentencia no sólo tiene implicancias técnicas, sino que también reconfigura el esquema de responsabilidades públicas frente a un problema ambiental que continúa afectando a la comunidad local.
En este contexto, el próximo sábado 21 de marzo a las 12 horas se realizará un encuentro informativo en la Casa de la Cultura de Las Grutas, en el marco del Festival de Aves Playeras. Allí, el defensor oficial interviniente en la causa brindará precisiones sobre el contenido del fallo y el estado actual del proceso judicial.
Al respecto, Mirta Carbajal, integrante de la Fundación Inalafquen, destacó la importancia de la visita del funcionario judicial: “Es la primera vez que el defensor público de la justicia federal que se desempeña en Viedma va a estar en la localidad. Nos pareció fundamental que sea él quien explique el proceso y el alcance del fallo, para que toda la comunidad pueda comprender qué ha pasado y cómo se continúa”.
Carbajal recordó que la acción judicial se inició tras el retiro de la empresa TAYM, contratada por la Secretaría de Minería de la Nación, que abandonó las obras de remediación sin cumplir los objetivos previstos. “Quedó inconclusa la remediación total del pasivo ambiental generado por los residuos de la fundición de plomo. Ante esa situación, presentamos el amparo, que no fue concedido de inmediato, y a partir de allí se sucedieron apelaciones y distintas instancias judiciales”, explicó.
La referente subrayó que la intervención del defensor permitirá clarificar un proceso complejo que se extendió durante años y que ahora ingresa en una nueva etapa tras la sentencia.
Otra causa por contaminación en el ámbito provincial
En paralelo, Carbajal se refirió a una causa distinta que tramita en la justicia provincial y que también involucra la problemática ambiental en San Antonio Oeste. Se trata de la extracción y traslado de material presuntamente contaminado desde una antigua cantera clausurada, utilizada por el municipio en obras públicas.
Según explicó, la situación fue denunciada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con la intervención del defensor del Ministerio Público, Ariel Alice, lo que derivó en una orden judicial para detener las tareas. “Se trataba de material que debía permanecer intocado por su contaminación con metales pesados. Además, estaba ubicado frente a establecimientos educativos, lo que implicaba un riesgo sanitario importante”, señaló.
A partir de la intervención judicial, se resolvió remover el material esparcido y restituirlo a su lugar de origen, una medida excepcional que evitó mayores demoras y exposición de la población. Posteriormente, las áreas afectadas fueron cubiertas con suelo limpio bajo supervisión técnica.
No obstante, Carbajal advirtió que persisten interrogantes sobre la responsabilidad de funcionarios públicos en estos hechos. “Se habrían vulnerado fallos judiciales y expuesto a la población a riesgos sanitarios. Sabemos que hubo presentaciones en la justicia, pero no hemos tenido novedades recientes sobre el avance de esas actuaciones”, indicó.
Finalmente, reiteró la invitación a la comunidad a participar del encuentro del sábado, donde se espera que el defensor oficial aporte claridad sobre el alcance del fallo federal y las perspectivas futuras en torno a la remediación ambiental en la región.
