El juez de garantías de Bariloche, César Lanfranchi, rechazó este martes la solicitud de la defensa de Emerson Rubén Marín, empleado policial imputado por el femicidio de su pareja, Stefanía Civardi, ocurrido el pasado 30 de julio en Bariloche.
De esta manera, el acusado continuará cumpliendo prisión preventiva en un establecimiento carcelario de la ciudad de General Roca hasta el 1 de diciembre.
El pedido de la defensa
El defensor particular, Diego Navarro, había planteado que la investigación ya contaba con declaraciones de testigos y que, por lo tanto, se habían reducido los riesgos de entorpecimiento del proceso. Solicitó que su defendido cumpliera la preventiva en el domicilio de su madre, en Las Grutas, con monitoreo de tobillera electrónica y ofreció como garantía una caución juratoria.
Argumentó además que Marín se había comportado de manera correcta en estos días de detención y que no existía riesgo de fuga.
La acusación fiscal
La fiscal jefa Betiana Cendón recordó durante la audiencia virtual que la imputación contra Marín es por homicidio triplemente calificado:
- Por el vínculo con la víctima.
- Por haberse cometido mediando violencia de género (femicidio).
- Por el uso de un arma de fuego.
Según la hipótesis de la fiscalía, Marín disparó contra Civardi con su arma reglamentaria, mientras la joven de 22 años descansaba en su habitación. La bala impactó en la tráquea y provocó una lesión encefálica que le causó la muerte inmediata.
El fiscal jefe Martín Lozada sostuvo que no cambiaron los riesgos procesales advertidos al inicio de la causa, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación y la falta de arraigo en la provincia. Recordó además los antecedentes de Marín en relaciones previas, señalando episodios de maltrato y violencia hacia otras mujeres.
La postura de la querella
El abogado Martín Govetto, representante de la familia de Civardi, se alineó con la fiscalía y remarcó que el acusado es empleado policial, lo que agrava el riesgo de fuga y de influencias indebidas en la investigación.
Govetto advirtió que aún existen testigos que no han declarado por temor a represalias y subrayó que el hecho se produjo con el arma oficial del sospechoso. “No olvidemos que la sujeción a una simple tobillera electrónica no garantiza nada: se rompe y la persona desaparece”, sostuvo.
La resolución judicial
Tras escuchar a todas las partes, el juez Lanfranchi resolvió desestimar el pedido de prisión domiciliaria y ratificar la prisión preventiva de Marín hasta el 1 de diciembre.
El proceso judicial continuará en los próximos meses, con nuevas declaraciones testimoniales y diligencias pendientes, mientras la fiscalía sostiene su acusación por un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
