Cerca de las 14 horas de hoy, por la localidad sanantoniense, llegaron provenientes de la última parada que fue Valcheta. Rechazan el proyecto de ley del nuevo Código de Tierras Fiscales que presentó el bloque Juntos Somos Río Negro en agosto del 2016. Fueron recibidos por el intedente municipal Luis Ojeda y parte de su gabinete.
“El código modifica el uso de la tierra y abre la puerta a megaemprendimientos, dándole seguridad jurídica a los inversores. Desde octubre del 2016, comenzaron a registrarse una vez más procesos de cateos en Los Menucos y Río Chico cuando todo estaba parado”, expresó Luis Pilquiman, uno de los impulsores de la marcha.
Señaló que “se ponen en juego alrededor de 5 millones de hectáreas fiscales, un 90% de las cuales está ocupada por comunidades mapuches”.
“Vale destacar que la ley 279, al igual que la nueva propuesta, no reconoce la preexistencia y derechos de los pueblos originarios a las tierras, pero al menos en su espíritu sostiene que la tierra es un valor fundamental por su función social, y establece condiciones apropiadas para el arraigo del poblador a la tierra. Sin embargo, el nuevo código propone serios cambios desde una mirada mercantilista y desarrollista que ignora los derechos de los viejos pobladores, la cosmovisión del pueblo indígena y los derechos que les han sido consagrados a través de la Constitución Nacional, la ley Integral del Indigena, los relevamientos de comunidades indígenas y la propiedad comunitaria de sus territorios” indicó la senadora Magdalena Odarda.
“Rechazamos este código, este proyecto para el cual no hemos sido consultados siquiera. Este proyecto viola los derechos que tenemos, es anticonstitucional porque se entrega totalmente nuestro territorio en manos de algunos pocos y sin tener en cuenta el espacio territorial donde viven los mapuches”, indicó Felisa Curamil.
Vanesa Gallardo, del Espacio de Articulación Mapuche, consideró que “el código abre las puertas a la megaminería y sigue hablando de tierras fiscales, negando el genocidio de nuestro pueblo. En la actualidad, es el Estado el que siguen generando estas políticas genocidas. Soria impulsó la derogación de la ley anticianuro y esta ley viene a completarla para abrir las puertas a las grandes corporaciones”.
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