Entidades intermedias de la Provincia de Río Negro manifestaron su preocupación ante el fuerte incremento en las tarifas eléctricas y la falta de transparencia en la información oficial sobre la estructura de costos.
Según datos recopilados de fuentes oficiales, el costo de la energía a nivel nacional aumentó un 687% en el período comprendido entre marzo de 2023 y enero de 2025. Sin embargo, a nivel provincial, el incremento de la tarifa final prácticamente habría duplicado ese porcentaje, generando incertidumbre entre los usuarios y los sectores productivos.
En particular, el segmento Residencial N1 —usuarios sin subsidios— sufrió un aumento del 697% en el caso de la distribuidora Edersa y del 682% para la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), de acuerdo con datos disponibles en la página oficial de CAMMESA.
No obstante, a nivel provincial, la falta de información oficial dificulta una evaluación precisa del impacto de estos aumentos. Por esta razón, las entidades recurrieron a estudios realizados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-CONICET, los cuales indican que la tarifa final en Río Negro registró un incremento del 1.428% en el mismo período.
Este porcentaje refleja que el valor que abonan los consumidores en la provincia es significativamente mayor al ajuste aplicado por Nación, generando dudas sobre la estructura de costos y la incidencia de las distribuidoras en el valor final de la factura.
«A enero de 2025, Edersa es responsable de casi el 50% del monto de la factura, duplicando el costo que determina Nación», advirtieron. El sector productivo se encuentra en alerta debido al impacto que estas tarifas tienen sobre la competitividad regional. En un contexto de crisis económica y dificultades para sostener la rentabilidad, los costos energéticos elevados afectan especialmente a las pymes, comercios y empresas.
Las diferentes cámaras anunciaron que continuarán monitoreando la evolución de las tarifas y difundiendo información actualizada con el objetivo de esclarecer la situación y reclamar una tarifa justa que no afecte la sostenibilidad del sector productivo ni el poder adquisitivo de los consumidores.