Una docente de esta localidad radicó una demanda espontánea el pasado 25 de junio en la Comisaría de la Familia, en el marco de la Ley Provincial 4109, para solicitar protección a un alumno de 8 años que habría manifestado estar atravesando una situación de vulnerabilidad de derechos en su entorno familiar.
Según consta en la denuncia, el niño habría llegado visiblemente angustiado a la escuela y comenzó a llorar en el aula. Su maestro lo acompañó a la dirección, donde lograron contenerlo. Una vez que pudo expresarse, el menor dijo sentirse “muy triste” y relató que su madre, lo había castigado de manera inusual: al revisar su cuaderno y encontrar tareas incompletas, le habría quemado una biblia que él mismo había comprado con sus ahorros y le prohibió asistir a su iglesia, solo por no compartir su fe.
Además, quedó asentado en un acta firmada por la vicedirectora del establecimiento educativo, que el niño manifestó su deseo de vivir con su padre, situación que —según sus palabras— su madre no permite.
Ante la gravedad del relato, el mismo día de la presentación se ordenó de manera inmediata la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), conforme establece la normativa vigente. Desde la Comisaría de la Familia se libró el oficio correspondiente para formalizar dicha intervención.
El Juzgado de Paz local informó que no existen antecedentes previos entre las partes en ese fuero. No obstante, en concordancia con la Ley Provincial 4109, que vela por la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se resolvió mantener activa la participación de la SENAF, quien será el organismo encargado de determinar las medidas de protección necesarias.
Entre las acciones posibles, según el artículo 39 de la mencionada ley, se encuentran: orientación a padres o responsables, apoyo y seguimiento temporario a la familia, inclusión en programas de asistencia y tratamiento psicológico. Solo en casos de mayor gravedad o persistencia del conflicto, podrán considerarse medidas especiales de protección con intervención judicial.
Asimismo, se notificó formalmente a la Defensoría de Menores e Incapaces de San Antonio Oeste, a la Comisaría de la Familia y al Consejo Escolar, este último con el fin de colaborar con las medidas que la SENAF estime pertinentes.
La causa quedó registrada en el sistema judicial bajo seguimiento y vinculación con el organismo externo, y continúa el proceso de evaluación del entorno del niño para garantizar el pleno goce de sus derechos y su bienestar emocional.
